Hace unos días se dió a conocer una denuncia penal contra el actual Director de Personas Jurídicas de Mendoza, el Dr. Sebastián Soneira donde se pedía que se lo investigara por el delito de coacción.

Las circunstancias detalladas en la denuncia involucraban al Colegio de Abogados de Mendoza, a la Federación y al Consejo de la Magistratura.

Autoridades, empleados y funcionarios fueron salpicados en el relato de hechos del querellante.

Para quienes no sepan de que se esta hablando, es importante saber de que se ha puesto sobre sospecha la designación de jueces y fiscales de la Provincia de Mendoza por la intervención directa del Poder Ejecutivo, con la participación de miembros de las instituciones ya mencionadas.

Para el denunciante, el Dr. Sebastián Soneira se presentaba como un operador del Subsecretario de Justicia de la Provincia, Dr. Marcelo A. D´Agostino, quien fue designado en ese cargo en la gobernación del Lic. Alfredo Cornejo, y por lo que se dice, sigue respondiendo a sus órdenes.

UN MODELO A IMITAR

El hecho de que el Poder Ejecutivo esté digitando los cargos en la justicia sin ningún tipo de control es de gravedad institucional ya que, de ser cierto, esto convalidaría los dichos de aquellos que nos dicen que en Mendoza avanza un autoritarismo o sistema feudal similar al que ya se ha instalado en otras provincias y cuyo modelo más reconocido políticamente es el que se aplicó en Santa Cruz durante la gobernación de Nestor Kirchner.

En la denuncia se expresa que el Dr. Soneira manifestaba su pretensión de poder llegar a ser Procurador Adjunto de la Corte Provincial, justamente un escalón por debajo del actual Procurador, Dr. Alejandro Gulle.

En este punto, de ser así, y tener apoyo político para ello, habría que preguntar si el “cornejismo” está trabajando para un reemplazo del actuar Procurador.

Antes de realizar cualquier especulación veamos quien es el Dr. Sebastían Soneira, o por lo menos algunos de sus antecedentes y vinculaciones con los medios periodísticos y empresariales contratistas del Estado.

LOS DATOS-INFORMACIÓN

En los Tribunales de Mendoza podemos visualizar los autos Nº 254.808 caratulados: “ARANCIBIA EDUARDO FABIAN Y EDUJACI S.R.L. C/ PLATAFORMA DIGITAL S.A P/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, donde el Dr. Soneira se presenta como apoderado de la demandada, patrocinado por los Dres. Becerra y Portabella, dos apellidos conocidos en el ambiente jurídico, todos con el mismo domicilio legal.

Ahora bien, la demandada, “Plataforma Digital S.A.”, representada por Soneira es la que contiene a dos medios digitales como Mendoza Post y Memo, y los directores de esta sociedad al 19 de agosto del 2020 son, como Presidente a Carlos Javier Ponce (CEO de Mendoza Post), Director Federico Ariel Basile (Reconocido como mano derecha del empresario Fernando Porretta-Director de CEOSA) y Director Alejandro David Chocrón y como Director Suplente al periodista Ricardo Omar Montacuto, cada uno de estos con participación accionaria en esta sociedad, todo lo cual surge de la instrumental existente en la causa indicada y que se puede verificar ingresando al sistema Meed identificador CXEIO171637, donde se podrá confirmar y ampliar todo lo expresado en esta nota en relación a la vinculación del Dr. Soneira con su cliente y la actividad comercial que despliega esta sociedad.

TODO TIENE QUE VER CON TODO

“La mujer del Cesar, no solo debe serlo, sino parecerlo”, y todos conocemos a que se refiere esta frase, y en este caso queda en cada lector sacar sus conclusiones.

El hoy funcionario denunciado por coacción y los hechos que convulsionan instituciones que hacen a nuestro sistema republicano no repercuten en la prensa como debería, y la pregunta es si esto tiene que ver por ser este apoderado de una sociedad que controla dos medios como Mendoza Post y Memo, pero también comparte domicilio legal y es patrocinado por el Dr. Renzo Becerra, cuando al estudio Becerra se lo reconoce como representante de la familia Terranova con la correspondiente vinculación con el medio MDZ.

Si a esto le faltaba algo más, econtramos esa relación con la empresa CEOSA, contratista del Estado Provincial y de algunos municipios, discutida por algunas de las contrataciones que algún día deberán ser investigadas.

Hablan de la pauta y de la complicidad de la política o de los políticos con algunos medios y empresarios amigos, todo esto sin controles ya que estos dependen de un gobierno que tiene mayorias legislativas y una justicia coptada que disciplina a quienes se atreven a denunciar, práctica que en algunos casos se lleva a cabo por medio de los Tribunales de Ética de las Asociaciones Profesionales también coptadas por el mismo poder, que castigan a unos y salvan a otros, pero esto es tema para otra nota.

Que diferencia entre los cuadernos de Comodoro Py y los que posiblemente mañana se investiguen en el Polo Judicial de Mendoza, o en la Justicia Federal si la causa fuera por lavado.