Hay conflictos que pertenecen a la historia, pero que, por su naturaleza, siguen formando parte del presente. La cuestión Malvinas es, probablemente, uno de los ejemplos más claros. En 1833, el Reino Unido ocupó las islas y expulsó a las autoridades argentinas que ejercían allí la administración. Desde entonces, nuestro país sostuvo de manera constante su reivindicación de soberanía, mucho antes de que la guerra de 1982 incorporara una de las páginas más dolorosas de nuestra historia reciente. La guerra, en consecuencia, no originó la disputa: fue un episodio trágico dentro de un conflicto que ya llevaba casi un siglo y medio.

Tampoco se trata de una reivindicación que dependa de la voluntad de un gobierno determinado. La propia Constitución Nacional lo establece expresamente en su Disposición Transitoria Primera, cuando define la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y de los espacios marítimos e insulares correspondientes como un “objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”. No es una consigna partidaria ni una declaración circunstancial: es un mandato constitucional. Y si hay algo especialmente relevante en esa definición es, precisamente, la palabra “permanente”. Porque un objetivo permanente no puede quedar reducido a la conveniencia política del gobierno de turno ni limitarse a una fórmula ceremonial que se repite una vez al año.

El verdadero desafío aparece cuando pasamos de la reivindicación a la pregunta inevitable: ¿qué hace una nación para acercarse efectivamente al objetivo que dice sostener?

De la consigna a la estrategia

Tengo 46 años y, sinceramente, no recuerdo haber visto a un presidente argentino utilizar una cadena nacional para hablar de Malvinas de la manera en que lo hizo el Presidente Milei el 3 de septiembre. No solamente para reafirmar que las islas son argentinas —algo que hemos escuchado innumerables veces—, sino para vincular esa reivindicación con una cuestión mucho más incómoda y, al mismo tiempo, mucho más concreta: las capacidades que la Argentina necesita reconstruir si realmente pretende defender sus intereses.

Ahí está, a mi entender, la principal novedad del discurso.

Durante décadas hemos repetido que Malvinas debe ser una política de Estado. Sin embargo, con demasiada frecuencia esa política de Estado terminó reducida a la reiteración de la reivindicación histórica, a la actividad diplomática y a los actos conmemorativos. Todo eso tiene valor y debe formar parte de cualquier estrategia seria, pero difícilmente pueda constituir una estrategia completa.

Porque existe una diferencia fundamental entre afirmar un derecho y construir las condiciones necesarias para sostenerlo.

Si la Argentina pretende defender sus intereses en el Atlántico Sur, necesita saber qué ocurre en sus aguas, poder vigilar y controlar sus espacios marítimos, proteger sus recursos, desarrollar infraestructura y sostener una presencia efectiva en una región cuya importancia estratégica no hace más que crecer. Para eso hacen falta inteligencia, medios de defensa, capacidad logística, desarrollo económico y una política exterior capaz de convertir esas capacidades en influencia.

Por eso resulta tan importante la lógica planteada en el discurso: la cuestión Malvinas no puede analizarse de manera aislada de la fortaleza general del Estado argentino. Una economía incapaz de generar recursos limita la posibilidad de financiar capacidades estratégicas; una defensa debilitada reduce la capacidad de proteger los intereses nacionales; y la ausencia de presencia efectiva en el territorio y en el mar termina debilitando incluso las mejores herramientas diplomáticas.

En ese sentido, la secuencia es bastante más sencilla de lo que algunos críticos parecen dispuestos a admitir: reivindicación, capacidades, presencia, disuasión y negociación. No porque fortalecer nuestras capacidades garantice que las Malvinas serán recuperadas mañana, ni porque el poder militar por sí solo pueda resolver una disputa de esta naturaleza, sino porque cualquier negociación sostenida en el tiempo requiere que la Argentina tenga algo más que argumentos históricos para respaldar sus intereses.

Y acá aparece una cuestión elemental que durante demasiado tiempo parece haber quedado fuera de la discusión: no basta con verbalizar el asunto internamente para que se materialice. Sería infantil y absurdo pensarlo así.

La diplomacia es indispensable y la presión internacional puede ser útil. Las sanciones comerciales pueden formar parte del esquema y las herramientas jurídicas también. Pero ninguna de ellas reemplaza la necesidad de reconstruir las capacidades que permiten que una nación defienda efectivamente aquello que reclama. Las sanciones son una herramienta; la capacidad nacional es la condición que permite que esas herramientas tengan peso.

¿Propaganda? ¿Campaña? ¿Y eso qué cambia?

Buena parte de las críticas al discurso se concentraron, sin embargo, en una cuestión bastante diferente: que se trataría de propaganda, de oportunismo político o de una maniobra vinculada con la campaña electoral.

Incluso si aceptáramos esa premisa —y no hay ninguna razón para hacerlo automáticamente—, habría que explicar qué relación tiene eso con la validez del planteo.

Supongamos que un discurso sobre Malvinas pudiera reportarle al Gobierno algún beneficio político o electoral. ¿Eso convierte en incorrecta la necesidad de fortalecer la defensa nacional? ¿Hace menos importante la vigilancia del Atlántico Sur? ¿Vuelve menos relevante la protección de nuestros recursos estratégicos? Evidentemente, no.

Una política no se vuelve falsa porque también pueda ser políticamente conveniente para quien la impulsa. Se puede discutir si las medidas anunciadas son adecuadas, si tienen financiamiento, si son técnicamente viables, si están bien ejecutadas o si producen los resultados esperados. Eso es parte de una discusión democrática seria. Lo que resulta mucho más difícil de sostener es que una política de Estado deba ser descartada simplemente porque quien la anuncia podría obtener algún rédito político de ella.

La contradicción se vuelve todavía más evidente cuando recordamos cuánto se ha reclamado, durante años, que Malvinas dejara de ser una cuestión meramente ceremonial y se transformara en una verdadera política de Estado. Cuando finalmente un gobierno intenta vincular la soberanía con la defensa, la economía, la infraestructura, la inteligencia, la diplomacia y la presencia estratégica, una parte de sus críticos responde que todo es propaganda.

Parece que, cuando el discurso proviene del adversario político, ninguna forma de reivindicar Malvinas termina siendo aceptable.

Y eso lleva la discusión a un terreno bastante menos interesante: ya no se debate qué hacer con Malvinas, sino quién tiene derecho a hablar de Malvinas.

Si exactamente las mismas palabras hubieran sido pronunciadas por un presidente identificado con el peronismo, probablemente muchos de quienes hoy hablan de oportunismo estarían destacando el carácter estadista de la iniciativa y su defensa de la soberanía nacional. Pero una política de Estado no debería cambiar de valor dependiendo de quién ocupa la Casa Rosada.

Malvinas no es patrimonio de ningún partido político. Mucho menos de un gobierno.

Tener aliados no significa entregar soberanía

Algo similar ocurre con las críticas a la relación de la Argentina con Estados Unidos. Desde algunos sectores de la izquierda se llegó incluso a sostener que el discurso había sido escrito por Trump o por el Pentágono, y que el Presidente Milei actuaría simplemente como un títere de Washington.

Más allá de la retórica, hay un problema conceptual en ese razonamiento: confunde alianza con subordinación.

Una nación soberana no demuestra su independencia aislándose del mundo ni rechazando automáticamente cualquier coincidencia con otra potencia. La demuestra defendiendo sus propios intereses y utilizando, cuando puede, las relaciones internacionales para fortalecer su posición.

Si Estados Unidos muestra señales de apertura respecto de una cuestión en la que la Argentina sostiene una reivindicación histórica, lo razonable es analizar qué oportunidad puede existir allí para nuestro país. Después de casi dos siglos sin recuperar las islas, resulta difícil entender qué tendría de soberano rechazar de antemano una eventual modificación favorable del escenario internacional simplemente porque esa modificación provenga de Washington.

La política internacional no funciona así. Los Estados construyen alianzas, buscan coincidencias, negocian y aprovechan las oportunidades que aparecen. Eso no implica entregar soberanía; implica ejercerla.

Y hay una diferencia que debería ser obvia: que Estados Unidos acompañe determinados aspectos de la posición argentina no convierte a las Malvinas en estadounidenses. Una alianza no es una transferencia de soberanía, del mismo modo que el respaldo diplomático de una potencia no transforma a nuestro país en su territorio ni en su colonia.

Por el contrario, si la Argentina logra que una potencia de la dimensión de Estados Unidos considere favorablemente algunos aspectos de nuestra posición, habrá conseguido mejorar su margen de maniobra internacional. Y después de tantos años de resultados limitados, sería poco inteligente despreciar una posibilidad semejante por prejuicio ideológico.

Un mundo distinto, una oportunidad distinta

También sería un error analizar la cuestión Malvinas utilizando exclusivamente la fotografía de 1982. El Reino Unido continúa siendo una potencia militar, económica y diplomática de enorme relevancia y sería absurdo subestimarlo. Pero tampoco estamos frente al mismo escenario internacional de hace más de cuatro décadas.

Las relaciones de poder cambian. Cambian las prioridades de las potencias, las alianzas, los recursos que adquieren valor estratégico y las regiones sobre las que se concentra la competencia internacional. En ese nuevo escenario, el Atlántico Sur y la Antártida adquieren una importancia que excede largamente la discusión histórica sobre las islas.

Malvinas está vinculada con recursos pesqueros, potencial energético, espacios marítimos, rutas de navegación y proyección antártica. Por eso, pensar la soberanía únicamente desde la perspectiva de 1833 o de 1982 resulta insuficiente para comprender el problema actual.

El Reino Unido, además, enfrenta sus propias tensiones económicas, demográficas, migratorias y de cohesión social, en un contexto internacional en el que mantener capacidades militares y presencia global tiene costos cada vez más importantes. Eso no significa que esté próximo a abandonar las islas ni que haya dejado de ser una potencia. Significa algo mucho más simple: las relaciones de poder nunca permanecen congeladas.

Y si cambian las condiciones, también debe cambiar la forma en que la Argentina piensa su estrategia.

Precisamente por eso recuperar capacidades no debería ser entendido exclusivamente como una política destinada a Malvinas. Es una política destinada a que la Argentina vuelva a tener herramientas para defender sus intereses allí donde estén en juego. Malvinas es, quizás, la expresión más visible de un problema mucho más amplio: qué lugar quiere ocupar nuestro país en el Atlántico Sur y qué capacidad está dispuesto a construir para sostenerlo.

Malvinas no pertenece a Milei

Hay algo que conviene dejar absolutamente claro. Malvinas no pertenece a Milei, pero tampoco pertenece al peronismo, al radicalismo, a la izquierda o a ningún otro espacio político. Pertenece a una cuestión nacional que la propia Constitución define como un objetivo permanente e irrenunciable.

Por eso, el mérito o el eventual error de una política debe discutirse por su contenido. Podemos debatir cuánto gastar, cómo fortalecer las Fuerzas Armadas, qué sanciones aplicar, qué alianzas construir, qué estrategia diplomática utilizar o cuáles deben ser las prioridades económicas. Todo eso es legítimo y necesario. Lo que resulta mucho menos razonable es pretender que la Argentina puede recuperar una posición perdida durante décadas simplemente repitiendo una consigna.

La soberanía necesita memoria histórica, pero también necesita presente. Necesita diplomacia, pero también capacidad de negociación. Necesita voluntad política, pero también recursos y presencia efectiva. Y, sobre todo, necesita una Argentina capaz de sostener aquello que reclama.

Quizás por eso el discurso del Presidente Milei del 3 de septiembre merezca ser discutido con mayor seriedad y con menos reflejo partidario. Más allá de las diferencias ideológicas que cada uno pueda tener con este Gobierno, hubo allí una idea que durante mucho tiempo estuvo ausente del debate público: la reivindicación de Malvinas no puede limitarse a una frase que la Argentina repite; tiene que convertirse en un objetivo estratégico para el que la Argentina construya, durante el tiempo que sea necesario, las condiciones que hoy no tiene.

Después de tantos años, no es poco.

Y quizá sea, justamente, el cambio más importante.

Por primera vez en mucho tiempo, Malvinas no apareció solamente como una herida que la Argentina recuerda.

Apareció como un objetivo estratégico para el que la Argentina debe prepararse.