10 de enero de 2025
El ocaso de una polémica forma de protesta: los bloqueos sindicales cayeron de 75 a 8 casos anuales entre 2021 y 2024
Una conjunción de factores permitió la drástica reducción de las acciones extorsivas de los gremios contra las empresas. Cómo se organizó la resistencia de las pymes, determinante para la tarea de la Justicia. La Ley Bases fue clave para el cambio de tendencia
¿Qué fue lo que pasó? Se acumularon diversos factores que explican esta caída de los casos de bloqueos. Por un lado, fue decisiva la existencia del MEAB, creado en mayo de 2021 a partir de la iniciativa de Verónica Razzini, dueña de una empresa en Rosario que en 2020 Secundada por la abogada penalista Florencia Arietto, que diseñó la estrategia jurídica, Razzini (actual diputada nacional del PRO) logró agrupar a dueños de pymes que eran víctimas de los bloqueos para asesorar a otros colegas a los que les pasaba lo mismo. El MEAB surgió con 18 pymes y en un año ya llegaban a 122 y a los dos años, a 259. Hoy, presidido por Juan Méndez, sumó a distintas cámaras para representar a unas 1900 empresas y su tarea fue determinante para los últimos cambios legislativos sobre el tema y medidas oficiales como el protocolo antibloqueos del Ministerio de Seguridad, conducido por Patricia Bullrich.
La contraofensiva del MEAB al denunciar sistemáticamente los bloqueos ante la Justicia, además, fue consiguiendo resultados que modificaron la tendencia de los sindicatos a protestar de esa forma. Luego del pico de bloqueos que se registró en 2021, los casos se redujeron de manera drástica en 2022: pasaron de 75 a 53 los bloqueos realizados por 18 gremios que se desempeñaban en 24 actividades distintas en 11 provincias. Pero el dato novedoso es que en ese año aumentó la cantidad de empresas que se animaron a presentar una denuncia penal contra los responsables de los bloqueos, algo que, sumado a la acción rápida de algunos jueces y fiscales en todo el país, llevó a que muchos sindicatos no concretaran o no mantuvieran este tipo de protestas.De ese grupo de sindicalistas que quedó en la mira de la Justicia, los dos principales que siguen detenidos con prisión domiciliaria son el líder del Sindicato de Camioneros de San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro, y el dirigente Fernando Espíndola, que esperan el juicio oral y público por estar procesados en la causa por un bloqueo contra Distribuidora Rey, en 2021.
Pero las presentaciones judiciales de Arietto, con el sello del MEAB, también lograron otros fallos que involucraron a importantes jefes sindicales. Por un lado, en noviembre pasado, el cotitular de la CGT Carlos Acuña fue La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones de lo Criminal y Correccional, por ejemplo, criticó en duros términos el bloqueo del sindicato de estaciones de servicio, liderado por Acuña: “Ningún derecho (por el de huelga) puede ejercerse abusivamente, dado que la ley no los considera absolutos ni tampoco ampara su uso excesivo”. La Cámara recordó que la Corte Suprema había considerado que “el derecho de huelga, con jerarquía constitucional, no es óbice a la sanción legal de tipos de conducta que importen extralimitaciones en el ejercicio razonable de dicho derecho”.La sucesión de fallos judiciales que equipararon a los bloqueos con un delito contribuyó de manera decisiva para que los sindicalistas terminaran replanteando su forma de protestar contra las empresas para que los trabajadores y los activistas no fueran castigados por la Justicia.Luego de la asunción presidencial de Javier Milei, la lucha contra los bloqueos tuvo respaldo oficial. Mientras Razzini se constituyó en la voz del MEAB en la Cámara de Diputados, con proyectos de ley que proponían agravar las penas a quienes bloquean empresas, el DNU 70 contemplaba que esa modalidad de protestas será reprimida con 3 a 6 años de prisión y las consideraba una “grave injuria laboral” que habilitaba a despedir con causa a quienes las llevaran adelante.Sin embargo, luego de que los senadores de la UCR lo incluyeron, quedó en la ley el artículo que considera los bloqueos como “grave injuria laboral” y que les da a los empleadores amplias facultades para despedir con causa a quienes participan de esas acciones de protesta.
En rechazo a ese punto, la CGT le dio un portazo al Gobierno en su primera convocatoria al diálogo tripartito. Tras anunciar que no irían a una reunión citada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, el cotitular cegetista Héctor Daer criticó el artículo anti-bloqueos al calificarlo de “limitante absoluta, muy mal escrito, muy mal hecho, aparte de lo nocivo que es”.En medio de los tironeos entre la Casa Rosada y la CGT, en noviembre se vencieron los plazos legales para reglamentar el artículo, en una derrota tajante para una dirigencia gremial que había tomado ese punto como ariete de su ofensiva contra el oficialismo. Así, quedó en firme lo que no quería la CGT: que los bloqueos sindicales habilitaran la posibilidad del despido con causa de sus promotores.
Estas marchas y contramarchas terminaron siendo cruciales para frenar la realización de los bloqueos: los sindicalistas, que ya sufrían la ola de fallos judiciales contrarios, fueron renuentes a utilizar una acción de protesta que deja a trabajadores y activistas al borde del despido.COMPARTIR:
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