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25 de octubre de 2024

El Gobierno presentó un medida cautelar para garantizar el acceso gratuito de personas con discapacidad en el transporte de larga distancia

La Secretaría de Transporte, a través de la CNRT, lleva a la Justicia una solicitud para asegurar el derecho de viaje sin costo a personas con discapacidad. Las empresas habían dejado de permitir el uso gratuito tras la desregulación del sector por parte del propio Gobierno

>La Secretaría de Transporte, bajo la gestión del Ministerio de Economía, presentó esta semana una medida cautelar para garantizar el derecho de acceso gratuito al transporte de media y larga distancia a lasLa decisión de recurrir a una medida judicial se suma a una serie de acciones sancionatorias realizadas recientemente por la CNRT en respuesta a quejas de usuarios y denuncias recibidas. Durante las últimas semanas, la CNRT llevó adelante un proceso de multas e intimaciones a más de 44 empresas, debido a su negativa a brindar los pasajes gratuitos exigidos por la ley. Según informaron desde el organismo, estos incumplimientos están vinculados a la reciente desregulación del transporte automotor de media y larga distancia, que algunos actores interpretaron como una liberación de sus obligaciones hacia las personas con discapacidad.

De acuerdo con el secretario de Transporte, Franco Mogetta, la desregulación permite a las empresas del sector ajustar su oferta en función de la demanda, eligiendo libremente rutas, tarifas y horarios. Sin embargo, Mogetta subrayó en sus redes sociales que esta medida “no libera a las compañías de su responsabilidad de cumplir con el sistema de protección para personas con discapacidad”. Al respecto, el secretario enfatizó que la CNRT mantendrá controles estrictos y sancionará a quienes incumplan la normativa que garantiza el acceso sin costo a los pasajeros con certificado de discapacidad.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, transfirió todas las operaciones de transporte interjurisdiccional de pasajeros a un modelo de competencia sin restricciones de entrada para nuevos actores. Con este cambio, la licencia que habilita a realizar transporte interjurisdiccional en el país dejará de ser obligatoria en los próximos meses, y se habilitarán operaciones tras una notificación de cinco días a través de una plataforma digital. También se eliminó el límite de 10 años en la vigencia de los permisos, un aspecto que flexibiliza aún más la entrada y salida del mercado para nuevas empresas.

CELADI sostiene que el costo económico de brindar pasajes gratuitos representa una carga desproporcionada sin el respaldo de subsidios estatales, que anteriormente compensaban parcialmente este tipo de servicios. Argumentan que el cumplimiento de la normativa en el contexto de desregulación impone una competencia desigual entre las empresas, dado que los nuevos operadores pueden evadir estas obligaciones y aun así ofrecer los mismos servicios. Según el vocero Gustavo Gaona, CELADI solicitó una reglamentación que establezca “igualdad de condiciones” para todos los actores del sector, instando al Estado a asumir un rol de mediador en la cuestión.

Por su parte, la Secretaría de Transporte considera que la medida cautelar es necesaria para reafirmar la vigencia de los derechos adquiridos y evitar el abuso por parte de las empresas, que en varios casos han interpretado la nueva normativa como un desligamiento de sus obligaciones hacia el sistema de protección integral para personas con discapacidad. Los voceros de la Secretaría aclararon que el gobierno “continuará con las sanciones a aquellos que no respeten el acceso gratuito al transporte para quienes tengan su certificado de discapacidad en regla”. La acción legal impulsada busca que la Justicia ordene a CELADI y sus empresas asociadas a “cumplir con sus obligaciones en el marco del sistema de protección”, aseguraron desde la CNRT.

El representante de CELADI advirtió que, de no establecerse un acuerdo con el gobierno, las empresas del sector podrían iniciar acciones legales. Además, mencionó que ya se realizaron pedidos para que se conforme una mesa de trabajo junto al gobierno, con el fin de discutir las normas de implementación de la nueva regulación. CELADI también solicitó una reunión para aclarar los detalles pendientes sobre cómo se llevará adelante el control de los servicios, dado que, según el nuevo decreto, los transportistas ya no estarán obligados a pasar por las terminales. Esto deja dudas en torno a los mecanismos de control que el gobierno podría utilizar para supervisar el cumplimiento de la normativa en todo el territorio.

Desde la Secretaría de Transporte explicaron que el control de los requisitos de seguridad seguirá en manos de las jurisdicciones locales, quienes estarán autorizadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial para realizar las inspecciones y exámenes correspondientes. En cuanto a las licencias, las autoridades indicaron que el registro de transportistas será público y en línea, facilitando a los nuevos actores la entrada al mercado y la asignación de recorridos.

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