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OPINIÓN

6 de septiembre de 2024

RESPUESTA AL VIL DICTAMEN DEL FISCAL DE ESTADO EN MATERIA AMBIENTAL, LA MINERÍA DE CORNEJO TIENE SOCIO.

Hace tiempo que los mendocinos no estamos protegidos por el Fiscal de Estado, la provincia está en riesgo y eso parece solo importar a solo un puñado de personas, entre ellas está Eduardo Sosa, un profesional muy capacitado y serio, que elevó un pedido a fiscalía de estado, el cual fue desestimado de plano, con argumentación floja de papeles, floja de jurisprudencia, floja de moral y alejada de las responsabilidades como también atribuciones, propias del cargo.

El Fiscal de Estado es el encargado de la defensa judicial y extrajudicial de los bienes públicos y privados del Estado Provincial y del patrimonio fiscal, como también del “Medio Ambiente”

Fernando Simón en material ambiental tiene la particularidad de no proteger a Mendoza, lo preventivo expuesto en el pedido, no puede ser dejado librado al azar, el fiscal de Estado no puede argumentar, que necesita tiempo, es absurdo, dilata las medidas de protección frente a un desastre ambiental, claro es, no esperar que algo malo ocurra, sino prevenirlo con medidas.

El gobierno de Cornejo está empeñado en la minería, ha diseñado, con mucho tiempo y con el apoyo del Lobby minero, todo lo necesario en cuanto a leyes, cargo, acciones y personajes que ocupan cargos, para que a futuro ni los tataranietos de Él tengan la necesidad de trabajar.

La función principal, del Fiscal de Estado, es defender el patrimonio de la Provincia y representarla en los pleitos en que ella es parte como actora o demandada. Pero también fiscaliza en forma previa el dictado de aquellos actos administrativos que puedan comprometer los intereses de la Provincia, en el caso ambiental no lo ha hecho, ni parece hacerlo, no le preocupa seguir los pasos de su antecesor, ya que Cornejo maneja todo y eso lo mantiene vacunado frente a un potencial Jury de enjuiciamiento por faltar a los deberes de funcionario.

La fiscalía de Estado tramita denuncia ambiental bajo expediente Nro. EX2024-05246339-GDEMZA-FISCESTADO, elaborando respuesta que obra en nota nro. NO-2024-06309876. Y no actúa en consecuencia con la Ley Provincial N° 5.961/93, artículo 23°.

El Fiscal de Estado es cómplice del Gobierno de Mendoza:

Enfatiza que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental (por su carácter técnico-científico) escapa a las consideraciones que pudiera expresar el dictamen elaborado por Fiscalía de Estado.

 

El Gobierno de Mendoza responde ante la requisitoria de Fiscalía de Estado que se ha cumplido con la normativa respecto a promover la participación pública informada antes de la audiencia pública.

Que en realidad esto no es así, porque claramente la convocatoria viola la resolución Nro. 109/96 art. 7 donde establece que se convocará a audiencia pública una vez producidos los dictámenes e informes técnicos sectoriales, además, se viola. el art. 7mo. de la Resol. Nro. 109/96 atenta contra el derecho a la participación informada en la audiencia pública (Art. 41 CN).

El gobierno de Mendoza en el día de la fecha ha subido nueva información a los sitios web de Minería y Protección Ambiental, y aún resta incorporar información como el informe sectorial de la APOT, restando 10 días corridos y 6 días hábiles administrativos para la realización de la audiencia pública, lo cual disminuye las posibilidades de analizar de manera reflexiva la frondosa información que contiene el expediente cuestionado.

El Decreto Nro. 820/06 es superior en jerarquía a las resoluciones de la Dirección de Minería, y establece de manera contundente que la aplicación de la Resol. 109/96 es complementaria a la demás normativa específica sobre evaluación de impacto ambiental minera. Por ende, además de cumplir con la normativa específica, es necesario cumplir también con esta.

Como esto podemos citar innumerables aberraciones que se están haciendo con el único objetivo de resguardar a Mendoza y sus pobladores, para los interesados, adjuntamos nota completa presentada por Eduardo Sosa donde queda demostrado que las cosas se están haciendo mal y alguien tiene que decirlo, alguien tiene que advertir, porque el que avisa no traiciona, mucho menos con la verdad en la mano.

La corporación política de Mendoza hace sus negocios, demostrado está, un Fiscal de Estado Peronista, defendido por la prensa y comunicación política desde el Gobierno, desde la Suprema Corte, cuando en realidad desde la fiscalía de estado tiene las herramientas para informar o desmentir, pero los obsecuentes rentados desde la política, tienen más aceitadas, las operaciones mediáticas, los aprietes a la prensa independientes entre otras cosas, son políticos, viven de eso, los sostiene en sus cargos eso, entonces están siempre con los tapones de punta cuando la verdad llega a la superficie.

ADJUNTAMOS LA VERDAD.

Ariel Alejandro Lareu Da Peña.

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