“La crisis de la separación de poderes, el caso Argentina”. Este fue el título de la tesis que el abogado Manuel García-Mansilla hizo en 2001 para obtener su título de máster en Leyes en Georgetown University Law Center, en Estados Unidos. En este trabajo, argumenta que uno de los mayores problemas de nuestro país es la utilización de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que permiten al Presidente legislar sin pasar por el Congreso.

El 16 de abril de este año, el presidente Javier Milei (La Libertad Avanza) propuso al juez federal Ariel Lijo y a García-Mansilla como futuros integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El 27 de mayo el Gobierno envió ambos pliegos al Senado, para que en esa cámara se debatan las postulaciones.

La nominación de García-Mansilla se origina en que el juez Juan Carlos Maqueda cumplirá en diciembre 75 años, la edad límite que establece la Constitución para el ejercicio de la magistratura, lo que abriría una nueva vacante. El candidato se presentará el próximo miércoles 28 de agosto ante la Comisión de Acuerdos del Senado para defender su nominación.

¿Quién es Manuel García-Mansilla?

Manuel José García-Mansilla nació el 6 de mayo de 1970 en San Carlos de Bariloche, Río Negro. Su carrera académica y profesional es extensa y siempre trabajó y estudió en el ámbito privado. A los 25 años se recibió de abogado en la Universidad del Salvador. Entre 2001 y 2002 obtuvo un Master of Laws (LL.M) en Georgetown University Law Center, Washington D.C., en Estados Unidos.

El año pasado, hizo un doctorado en Derecho en la Universidad Austral, donde se desempeña como decano de la Facultad de Derecho desde 2019. Uno de los jurados de su tesis, que aprobó con la máxima nota, fue Carlos Rosenkrantz, actual ministro de la Corte, y quien, de ser aprobado su pliego, sería su compañero en el máximo tribunal del país. Según aclaró el jurista a Chequeado, seguirá desempeñándose como decano hasta el 31 de diciembre.

De acuerdo con su curriculum vitae, García-Mansilla comenzó a ejercer la abogacía en 1996: trabajó de 1997 a 2005 en el estudio Marval, O’Farrell y Mairal, uno de los más importantes del país. Luego, se desempeñó en la industria del gas y petróleo entre 2005 y 2010. En esos años trabajó en las empresas Occidental Argentina Exploration and Production Inc., y Vintage Oil Argentina Inc., donde brindó asesoramiento legal en aspectos regulatorios de la industria del petróleo.

Entre 2010 y 2014 trabajó en el estudio Liendo & Asociados, fundado por Horacio Liendo, señalado como uno de los ideólogos de la convertibilidad en la década del ‘90.

Desde 2014, de acuerdo con su CV, se desempeñó como Director Ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), pero, según aclaró a Chequeado, desde el 1 de junio está “sin actividad formal en la Cámara”.

Aborto, derechos humanos e interpretaciones de la Constitución: qué piensa García-Mansilla

“En la Argentina, los DNU han destruido la separación de poderes y los contrapesos entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Además, a cierto nivel, la Corte Suprema ha hecho poco para hacer cumplir los requisitos de que la legislación provenga del poder legislativo y no de los presidentes”, escribió en 2001 en su tesis de maestría.

En su trabajo, argumenta que este uso de los DNU llevó a un hiperpresidencialismo y debilitó los controles institucionales, y que la solución no es adoptar un sistema parlamentario, como proponen algunos, sino fortalecer la separación de poderes siguiendo más de cerca el modelo estadounidense.

García-Masilla es autor de 6 libros entre 2006 y 2024, y cuenta con más de 70 artículos y ensayos publicados entre 2004 y 2023.

A fines de julio de 2024, docentes y egresados/as de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) presentaron un escrito ante la Comisión de Acuerdos del Senado para impugnar la candidatura de García-Masilla a la Corte, y hacer preguntas para que sean consideradas en la audiencia pública prevista para debatir la designación.

Allí, indican: “En sus textos publicados y en intervenciones ante el Senado de la Nación, el Dr. García-Mansilla presenta interpretaciones de la Constitución que –de ser sostenidas en fallos como integrante de la Corte– implicarían un retroceso en el alcance dado hasta hoy a ciertos derechos”.

García-Mansilla ha expresado opiniones que generaron controversia, especialmente en temas relacionados con el aborto y los derechos humanos. En su presentación ante el Senado en 2018, durante el debate sobre el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, afirmó: “El supuesto derecho al aborto no existe, no está reconocido en ninguna de nuestras normas vigentes y tampoco se deriva de una interpretación razonable de ellas”.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicó un comunicado contra las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. Este último, señala el CELS, “rechaza la jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos incluidos en la Reforma de 1994, lo que significa un obstáculo para la efectiva protección de los derechos humanos en la Argentina”.

Además, explican que “plantea posiciones muy regresivas sobre los derechos de las mujeres y la interrupción legal del embarazo”.

García-Mansilla también se opuso al fallo F.A.L, en el que la Corte Suprema determinó que cualquier aborto de un embarazo producto de una violación, sin importar el salud mental de la mujer, no es punible. “A su entender, las mujeres que sufren una violación –y que no padecen algún tipo de discapacidad mental- no tienen derecho a acceder a una interrupción legal del embarazo y deben ser perseguidas penalmente”, indica el comunicado del CELS.

En una nota de Chequeado sobre legalización del aborto, publicada en 2020, el jurista hizo un comentario donde ratificó su posición, enfatizando las interpretaciones legales que apoyan la protección de la vida desde la concepción y criticando el proyecto de ley de legalización del aborto. Luego, citó un artículo suyo publicado en la revista del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires donde argumentaba que el proyecto era inconstitucional. La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, finalmente, fue aprobada en diciembre de 2020.

Impugnaciones y adhesiones a la candidatura de García-Mansilla

Organizaciones como la Asociación Argentina de Juristas, la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), el Grupo de Investigaciones en Derechos Sociales (GIDES), el CELS, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano, Amnistía Internacional, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Shalom Bait (Asociación Civil para la Prevención de la Violencia Familiar) y GROW (Género y Trabajo), entre otras, han presentado observaciones críticas e impugnaciones a su candidatura.

También la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que indicó que al no postular a una mujer para el máximo tribunal, “la Argentina estaría incumpliendo las obligaciones internacionales contraídas por el Estado argentino en materia de igualdad real de oportunidades de las mujeres y el artículo 3 decreto 222/2003 (modificado por decreto n°267/24)”.

En la respuesta que se encuentra subida en la página del Senado, García-Masilla argumentó que las impugnaciones basadas en sus opiniones académicas “están descontextualizadas, tergiversadas y confunden el rol académico con el judicial”. Sostiene también que sus publicaciones representan menos del 5% de su producción académica y que sus posiciones doctrinales son consistentes con los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Suprema.

Respecto a la diversidad de género, indicó que comparte los ideales igualitarios pero que no puede expedirse sobre el tema debido a los procesos judiciales en curso.

Aunque son menos que las impugnaciones, entre los documentos publicados por el Senado también hay adhesiones a la candidatura de Mansilla, de organizaciones como Será Justicia, la Asociación Civil Lógica , el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES) y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

La organización de abogados Será Justicia argumentó que “en su persona se conjugan, de un modo que es poco frecuente, antecedentes que lo califican con la excelencia que uno espera hallar en una persona postulada para cubrir una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por el otro, valores morales y republicanos necesarios en cualquier magistrado”.

Ariel Alejandro Lareu Da Peña

Fuente Chequeado.