OPINIÓN
17 de julio de 2024
Algo huele mal en el distrito minero...
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Imaginen que 33 desarrolladores urbanos buscan que un municipio les apruebe un proyecto de ocho edificios con una única autorización, y que el estudio que presentan no mencione cuál de las 33 empresas construirá los edificios, ni en qué ubicaciones, ni mencioné detalles sobre si las construcciones serán edificios grandes, pequeños, de ladrillo o adobe, ni siquiera cuándo piensan construirlos, y que además, presenten planos de otros edificios cercanos pero no los de los edificios que pretenden construir. ¿Ustedes los aprobarían?
Por Eduardo Sosa.
Bueno, el gobierno provincial quiere "autoaprobarse" 33 proyectos mineros en el departamento Malargüe sobre un área que denominan Malargüe Distrito Minero Occidental. El proyecto lo presenta la empresa estatal Impulsa Mendoza Sostenible s.a. y lo va a evaluar y aprobar la Dirección de Minería en conjunto con la Dirección de Protección Ambiental. "Tutto fatto in casa".
Este proyecto de exploraciones múltiples se realizará en el mencionado distrito minero de poco más de 2 millones de hectáreas, pero se desconoce a ciencia cierta las ubicaciones exactas, ya que el estudio ambiental no lo indica, y solo se remite a señalar las superficies que abarcan las concesiones mineras. Tampoco dice si las 33 concesiones mineras incorporadas al proyecto van a realizar los trabajos al mismo tiempo o no, y se limita a presentar una simulación en la cual se ejecutarían 8 proyectos a la vez en alguna parte de las 700 mil hectáreas que conforman la sumatoria de las concesiones mineras. Pero lo llamativo es que no menciona ni quienes serán las empresas que harán las exploraciones, ni las actividades específicas, y solo se limitan a decir que todos los proyectos de exploración son "iguales" (¿acaso hay dos proyectos mineros "iguales"?) y especulan sobre las actividades de este proyecto "modelo", que se replicaría para todas las demás empresas que están dentro del distrito minero.
La evaluación de impacto ambiental es un procedimiento administrativo que básicamente confronta un proyecto de obra o actividad en un ecosistema específico. Si se desconoce qué tipo de proyecto se realizará y en qué sitio se ubicará, entonces es impensable evaluar algo de lo cual se desconocen aspectos esenciales. Sin embargo, la Dirección de Protección Ambiental realizó un análisis del mismo y en un informe técnico interno se "auto-convenció" de que el mismo cumple con los requisitos para ser evaluado.
Rápidamente se hizo la resolución de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (Res. 3-2024 DPA y 17/14 DM) y se entregó la documentación a los dictaminadores, pero ni siquiera ha sido publicada en el boletín oficial, con lo cual no es posible acceder a la justicia para detener este atropello institucional. Así de pícaros son.
Del estudio de impacto ambiental y sus "particularidades" podrían escribirse tratados enteros. En mis 23 años de experiencia en evaluación ambiental, dictaminación y también elaboración de estudios ambientales, tanto en el sector público como privado, jamás encontré un trabajo tan carente de cuestiones básicas para iniciar el proceso de evaluación, sencillamente porque se trata de un compendio de información de otros estudios ambientales que en el pasado se hicieron en la región y no se trata de un estudio específico como debería hacerse, y porque la consultora no pudo resolver con toda su experiencia lo que el gobierno equivocadamente pretende, que es hacer pasar a los legisladores un supuesto Informe de Impacto Ambiental con proyectos mineros que en realidad no existen, porque el distrito minero Malargüe Occidental es una excusa para esquivar el cumplimiento de la legislación vigente.
¿Y qué quiere hacer el gobierno? En mi opinión, busca inversiones rápidas en exploración minera, no le interesa la minería porque sabe que aquellas empresas que puedan sortear la etapa exploratoria y quieran avanzar hacia la construcción de una mina y la explotación del mineral no podrán hacerlo, porque hay un conjunto de leyes que se lo impedirán, entre ellas la ley Nro. 7722/07, la ley Nro. 8051/09, la ley Nro. 8.999/17, la ley nacional Nro. 26.639 de Preservación de glaciares y otras. De hecho, muchas de ellas tampoco podrían hacer exploración, pero eso lo dejaremos para más adelante.
La cuestión central es que el gobierno impulsa a los empresarios a invertir, pero no le está diciendo toda la verdad. Saben que estas empresas invierten pequeñas sumas en exploración que movilizan temporalmente una región, y estas creen que en el futuro las leyes que hoy obstaculizan la libre actividad van a caer y que podrán avanzar sin resistencias, que el RIGI recientemente aprobado implica una sumisión del esquema legal a esta nueva instancia y otros relatos gubernamentales que han aceptado. Todo eso es un engaño hacia los empresarios, porque el RIGI no subordina los derechos constitucionales ni las leyes de presupuesto mínimo, porque en el caso que alguna de las leyes mencionadas fuera derogada o modificada, el esquema legal-ambiental seguirá siendo sólido, y aunque algún sector judicial pueda ayudar a mantener un estado de excepción, tarde o temprano tendrá que dictar sentencia a favor de los derechos ambientales.
¿Y las empresas? Hay una pequeña sorpresa para ellas. En el caso que el gobierno logre que la legislatura ratifique la Declaración de Impacto Ambiental aprobando los proyectos mineros, los 33 prospectos deberán iniciar las labores mineras, porque si no lograran su objetivo exploratorio tal como fue aprobado, Impulsa Mendoza Sostenible puede tomar a cargo esas concesiones, ya que el código de procedimiento minero así lo prescribe. Al final del proceso, la empresa estatal podría quedarse con la mayoría de las concesiones mineras y el sueño empresarial habrá muerto en manos de una empresa con capitales estatales (con la nuestra, como dicen) que nació para agregar un eslabón zángano al proceso, de por sí dificultoso, de lograr que una explotación minera funcione.
Por todo esto y otras cosas más, Malargüe Distrito Minero Occidental es una farsa que busca inversiones de corto y mediano plazo para paliar la mala situación socioeconómica provincial y la baja de la recaudación del gobierno, pero que después no podrá sostenerse sin un relato superador.
No hay manera que este proyecto gubernamental prospere sin la violación de varias leyes y derechos consagrados por la Constitución Nacional, una justicia que sostenga las decisiones de los gobernantes, una prensa que no sea capaz de preguntarse a sí misma sobre su rol en este maldesarrollo, y un conjunto de normas que limiten y disuadan la capacidad de la sociedad civil de generar debate y reflexión sobre hacia dónde vamos como colectivo humano.
El mundo va hacia otro lado, lo que hoy llamamos transición energética puede ser cosa del pasado si aparece alguna nueva fuente de energía o alguna nueva forma de almacenarla que cambie los paradigmas existentes, Las soluciones basadas en la naturaleza, la economía regenerativa, y la creación de una conciencia ambiental global son los desafíos del futuro cercano. Deberíamos estar discutiendo hacia dónde va ese mundo al que queremos llegar, pero gracias a la clase dirigente estamos enfrascados en discusiones del siglo pasado. Quizá sea el momento en que esto tenga que cambiar.
EL AUTOR. Eduardo Sosa. DNI Nro. 20.419.756.