Del estudio de impacto ambiental y sus "particularidades" podrían escribirse tratados enteros. En mis 23 años de experiencia en evaluación ambiental, dictaminación y también elaboración de estudios ambientales, tanto en el sector público como privado, jamás encontré un trabajo tan carente de cuestiones básicas para iniciar el proceso de evaluación, sencillamente porque se trata de un compendio de información de otros  estudios ambientales que en el pasado se hicieron en la región y no se trata de un estudio específico como debería hacerse, y porque la consultora no pudo resolver con toda su experiencia lo que el gobierno equivocadamente pretende, que es hacer pasar a los legisladores un supuesto Informe de Impacto Ambiental con proyectos mineros que en realidad no existen, porque el distrito minero Malargüe Occidental es una excusa para esquivar el cumplimiento de la legislación vigente.

¿Y qué quiere hacer el gobierno? En mi opinión, busca inversiones rápidas en exploración minera, no le interesa la minería porque sabe que aquellas empresas que puedan sortear la etapa exploratoria y quieran avanzar hacia la construcción de una mina y la explotación del mineral no podrán hacerlo, porque hay un conjunto de leyes que se lo impedirán, entre ellas la ley Nro. 7722/07, la ley Nro. 8051/09, la ley Nro. 8.999/17, la ley nacional Nro. 26.639 de Preservación de glaciares y otras. De hecho, muchas de ellas tampoco podrían hacer exploración, pero eso lo dejaremos para más adelante.

La cuestión central es que el gobierno impulsa a los empresarios a invertir, pero no le está diciendo toda la verdad. Saben que estas empresas invierten pequeñas sumas en exploración que movilizan temporalmente una región, y estas creen que en el futuro las leyes que hoy obstaculizan la libre actividad van a caer y que podrán avanzar sin resistencias, que el RIGI recientemente aprobado implica una sumisión del esquema legal a esta nueva instancia y otros relatos gubernamentales que han aceptado. Todo eso es un engaño hacia los empresarios, porque el RIGI no subordina los derechos constitucionales ni las leyes de presupuesto mínimo, porque en el caso que alguna de las leyes mencionadas fuera derogada o modificada, el esquema legal-ambiental seguirá siendo sólido, y aunque algún sector judicial pueda ayudar a mantener un estado de excepción, tarde o temprano tendrá que dictar sentencia a favor de los derechos ambientales.

¿Y las empresas? Hay una pequeña sorpresa para ellas. En el caso que el gobierno logre que la legislatura ratifique la Declaración de Impacto Ambiental aprobando los proyectos mineros, los 33 prospectos deberán iniciar las labores mineras, porque si no lograran su objetivo exploratorio tal como fue aprobado, Impulsa Mendoza Sostenible puede tomar a cargo esas concesiones, ya que el código de procedimiento minero así lo prescribe. Al final del proceso, la empresa estatal podría quedarse con la mayoría de las concesiones mineras y el sueño empresarial habrá muerto en manos de una empresa con capitales estatales (con la nuestra, como dicen) que nació para agregar un eslabón zángano al proceso, de por sí dificultoso, de lograr que una explotación minera funcione.

Por todo esto y otras cosas más, Malargüe Distrito Minero Occidental es una farsa que busca inversiones de corto y mediano plazo para paliar la mala situación socioeconómica provincial y la baja de la recaudación del gobierno, pero que después no podrá sostenerse sin un relato superador.

No hay manera que este proyecto gubernamental prospere sin la violación de varias leyes y derechos consagrados por la Constitución Nacional, una justicia que sostenga las decisiones de los gobernantes, una prensa que no sea capaz de preguntarse a sí misma sobre su rol en este maldesarrollo, y un conjunto de normas que limiten y disuadan la capacidad de la sociedad civil de generar debate y reflexión sobre hacia dónde vamos como colectivo humano.

El mundo va hacia otro lado, lo que hoy llamamos transición energética puede ser cosa del pasado si aparece alguna nueva fuente de energía o alguna nueva forma de almacenarla que cambie los paradigmas existentes, Las soluciones basadas en la naturaleza, la economía regenerativa, y la creación de una conciencia ambiental global son los desafíos del futuro cercano. Deberíamos estar discutiendo hacia dónde va ese mundo al que queremos llegar, pero gracias a la clase dirigente estamos enfrascados en discusiones del siglo pasado. Quizá sea el momento en que esto tenga que cambiar.

EL AUTOR. Eduardo Sosa. DNI Nro. 20.419.756.