Como el ajuste fiscal y la motosierra que se está pasando a nivel nacional se traslada a las provincias, lo mismo se espera que pase con la lucha contra la casta de la Justicia mendocina. En este poder de Mendoza avanza una causa por un intercambio de favores y cargos políticos para manipular los votos del Consejo de la Magistratura. Tras la filtración de audios en septiembre 2023 la causa avanza y preocupa al nuevo gobierno de Mendoza. La interna accedió a un documento interno que prueba la manipulación de datos que había pedido un funcionario del Ejecutivo.

Antecedentes

En agosto de 2023, una denuncia realizada por un miembro del colegio de abogados impactó de lleno en al Justicia de Mendoza. La misma apuntaba en principio a Sebastián Soneira, Director de Personas Jurídicas del ministerio de gobierno. ¿Motivo? Por el hecho de cooptar a miembros del Consejo de la Magistratura para manipular la designación de magistrados. Semanas después se filtraron audios en los que se escucha a una consejera, María José Hernández, admitir la manipulación en varios concursos. A cambio, se designó a la consejera como delegada de asesoría de gobierno de la provincia en San Rafael, uno de los cargos más importantes del gobierno provincial. En otras palabras, un funcionario del gobierno provincial había intercambiado un cargo político para influir en las decisiones de la Justicia.

Consejo de la magistratura: ¿Casta mendocina?

Este órgano está compuesto por siete miembros, dos diputados (uno por el peronismo y otro por el oficialismo), un ministro de la Corte Suprema de Justicia, dos abogados electos por la Federación de Colegios de Abogados de Mendoza, un designado por el Ejecutivo y uno por la Asociación de Magistrados. La independencia de los abogados electos por el colegio es fundamental para el comportamiento republicano del Consejo. La sumisión de uno de los miembros que debería ser autónomo a las directivas de un miembro del Poder Ejecutivo atentan directamente contra la independencia del Poder Judicial. Implicancias políticas

Más allá del cargo otorgado a la consejera Hernández para manipular su voluntad, el cual fue dejado sin efecto posteriormente para ocultar la maniobra, el funcionario Soneira habría estado involucrado en una operación mayor: revocar a toda la comisión del fuero penal del Consejo. El abogado denunciante y miembro del colegio Leonardo Pasccon, que representa a la Federación de Abogados por la Primera Circunscripción Judicial, señaló los aprietes que recibieron los representantes de la federación en el Consejo, a la vez que el mismo fue extorsionado. En su denuncia, afirma que el mismo Soneira lo habría amenazado con iniciar una causa por maltrato si se oponía a la maniobra. Soniera responde directamente al subsecretario de Justicia, Marcelo D´Agostino, quien sería el cerebro político detrás de la jugada. A días de que se conozca la declaración del doctor Pasccon, se conoció documentación que probaría que los audios que se filtraron, serían ciertos. Hernández confiesa el hecho.

Nuevas pruebas

La Interna accedió al acta del Consejo de la Magistratura correspondiente al concurso de juez penal de Tunuyán y al concurso siguiente fue el de Juez Penal de San Rafael. Allí se puede ver con claridad cómo se cristaliza el acto de corrupción de intercambio de cargos por votos. En dicha acta se ve de manera explícita, en el margen derecho, el voto de cada uno de los representantes denunciados como parte de la maniobra (los dos miembros de la Federación, el subsecretario de justicia, la Presidente del Consejo que es la representante de la Corte y magistrada nombrada por esta gestión, a pesar de no reunir los requisitos constitucionales) y el representante de la legislatura por el oficialismo. Al candidato pedido por el acuerdo político que maneja el subsecretario de Justicia, todos le dan 6 puntos. A los candidatos mejor posicionados en el orden que traían por antecedentes (ver margen inferior izquierdo del documento) todos le dan 1 punto. Es decir, perjudicaban a los que llegaban con mejores antecedentes para subir a los indicados por ellos.

La misma situación se dio en el concurso siguiente que fue a Juez Penal de San Rafael. Ahí también es elegido el postulante acordado por el Ejecutivo. Surge en la causa de los chats intercambiados entre la misma Hernández y los funcionarios. La maniobra se instrumentó a través del Director de Personas Jurídicas y máximo referente del Colegio de Abogados de Mendoza, quien a su vez depende del subsecretario de Justicia. Mientras que éste se encuentra postulando para ser procurador adjunto de la provincia y el subsecretario quedarse con la Procuración. La crisis de seguridad provincial se ha deteriorado, a pesar de ser una de las banderas de Cornejo. La Justicia en el ojo de la tormenta como la casta mendocina.

Fuente.La Interna Periodismo Artificial.