La intención es realizar esta acción sin que la Legislatura avale un nuevo pedido de roll over, para el cual se requieren los votos de los dos tercios de ambas cámaras.

El Gobierno provincial se basó para ello en una interpretación de la Ley 8.706 de Administración Financiera, considerando que el artículo 68 de esa norma habilita la operatoria.

Sin embargo, esto fue cuestionado por la oposición que entiende que la iniciativa viola el artículo 41 de la Constitución provincial y a raíz de ello el Partido Verde y el Frente de Todos acudieron con demandas ante la Corte.

Se sumará una nueva presentación en contra de la operatoria y vendrá de parte de la Fiscalía de Estado, que en noviembre ya había emitido un dictamen no vinculante rechazando la medida que tenía prevista Suarez.

Por estas horas, el fiscal Simón está preparando la acción de inconstitucionalidad que va a presentar entre martes y miércoles de la semana que viene ante la Corte. Según indicaron desde el organismo de control, la presentación irá en sintonía con el dictamen difundido en noviembre.

Aclararon que ese fallo no era vinculante, por lo que el gobernador estaba facultado a sacar el decreto que terminó publicándose en el Boletín Oficial el 29 de diciembre. De todas maneras, el fiscal de Estado no cambió de postura y por lo tanto presentará una demanda ante la corte contra la norma.

Hasta el momento hay dos acciones presentadas ante la Corte y esta sería la tercera. Todo indica que se terminarán acumulando todas las acciones y se lleve adelante un solo proceso judicial que deberá resolverse en un plenario de los siete jueces.

Por lo tanto, habrá que esperar a que los magistrados terminen sus licencias y vuelvan de vacaciones, hecho que podría dilatar un fallo hasta marzo.

Respecto a los fundamentos que tendrá la acción de inconstitucionalidad impulsada por Simón, desde la Fiscalía de Estado indicaron que irá en el mismo sentido que el dictamen de noviembre, aunque podrían sumarse algunos argumentos que hagan referencia puntual a los considerandos del Decreto 2502.

En ese documento, el fiscal de Estado consideró que para realizar la operatoria pretendida, el Ejecutivo provincial requiere sí o sí la previa autorización de una ley sancionada por la Legislatura con el voto de dos tercios de los miembros presentes de cada cámara.

Agregó que ese aval podrá ser otorgado “para este caso concreto o en forma permanente mediante su inclusión de manera clara y expresa en la Ley de Administración Financiera, en ambos supuestos con las mencionadas mayorías agravadas”.

Al mismo tiempo, el titular del organismo de control entiende que “la emisión de títulos públicos no constituye, en su acepción estricta ni aún en su acepción más amplia, ya sea interpretada de manera literal, sistémica o finalista, una ‘reestructuración’ de la deuda pública provincial, no encontrándose por tanto encuadrada en la autorización permanente otorgada por el artículo 68 de la Ley de Administración Financiera 8.706 para concretar operaciones de crédito público”.

Si bien en el dictamen el fiscal señala que la operatoria puede presentar una conveniencia para la Provincia “a la luz de las actuales oportunidades que brinda el mercado financiero, como también la necesidad de la administración de contar con una mayor flexibilidad para la gestión de los pasivos”, destaca que la misma “no constituye argumento suficiente para apartarse de la normativa constitucional y legal vigente” por lo que rechaza la medida.

La emisión de títulos públicos requiere sí o sí del aval de la Fiscalía de Estado y este caso particular es cuestionado por el organismo. De todas maneras, si la Corte termina resolviendo que la operatoria es legal, el fiscal terminará allanándose a esa decisión debido a que se trata de un órgano superior, por lo que no existiría un impedimento para que Suarez avance con esa estrategia.

FUENTE AGENCIA NOVA