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22 de noviembre de 2026

Audios, mentiras y verdades: la política de venderla cambiada

Los audios atribuidos a la concejala libertaria Mariela Endrizzi tomaron estado público y rápidamente adquirieron una dimensión que excedió su contenido original. Las redes sociales se poblaron de interpretaciones, acusaciones, defensas y versiones contradictorias. Entre la indignación genuina y la especulación interesada, volvió a repetirse una escena conocida: algunos dirigentes intentan imponer una relación antes de que los hechos sean comprobados.
Por Ariel Alejandro Lareu Da Peña.

Una verificación técnica realizada sobre los archivos , por nosotros, no detectó marcas de agua digitales SynthID ni credenciales de origen C2PA válidas. Tampoco se hallaron señales concluyentes que permitieran afirmar que el material hubiera sido generado o editado mediante inteligencia artificial. El análisis auditivo, además, identificó una voz con acento argentino natural, pausas irregulares y tropiezos propios del habla humana. En consecuencia, los audios no presentan características evidentes de haber sido producidos por IA.

Sin embargo, que una grabación sea auténtica no significa que todo lo que allí se afirma sea verdadero. La autenticidad del archivo y la veracidad de su contenido son cuestiones diferentes. Confundirlas constituye una manipulación elemental, pero frecuente, en el debate político actual.

En uno de los audios, Endrizzi realiza afirmaciones vinculadas con un supuesto acuerdo entre el gobernador Alfredo Cornejo y el dirigente Facundo Correa Llano. Hasta el momento, estas afirmaciones aparecen como una construcción discursiva de la propia concejala, sin pruebas públicas que las respalden. También habría mencionado la posibilidad de establecer acuerdos con el intendente de Tunuyán a cambio de contratos para allegados, una hipótesis que fuentes consultadas descartan de manera categórica y que no encuentra respaldo en hechos comprobables.

La concejala habría anticipado denuncias, pero hasta el momento no se conoce ninguna presentación formal que haya sido efectivamente radicada. Esa ausencia resulta significativa, especialmente cuando las acusaciones involucran a funcionarios y podrían constituir hechos de gravedad institucional.

Otro de los audios apunta contra Paulo González Trigo, presidente de la Unión Cívica Radical de Tunuyán, a quien se le atribuye presuntamente el cobro de dinero a personas contratadas por el Gobierno de Mendoza. La acusación, tal como fue difundida, no incluye nombres, documentos, testimonios ni elementos concretos que permitan corroborarla.

González Trigo manifestó públicamente su malestar y aseguró que denunciaría. No obstante, hasta el momento de la publicación de esta nota, no se conoce una denuncia formal. La situación abre un interrogante inevitable: ¿por qué un funcionario provincial y máxima autoridad partidaria local no acudiría de inmediato al Ministerio Público Fiscal si se lo acusa públicamente de cometer un delito?

En lugar de avanzar por la vía institucional, habría comenzado una circular una explicación alternativa: que los audios fueron elaborados mediante inteligencia artificial. Esa versión, según distintas consultas, habría sido impulsada desde ámbitos políticos y reforzada en redes sociales por personas vinculadas con la comunicación de González Trigo. Pero la evidencia técnica disponible no respalda esa afirmación.

También resultan confusas las explicaciones sobre la supuesta denuncia. González Trigo habría indicado que realizó análisis con distintas herramientas de IA y con un perito tecnológico, aunque no se conocen informes técnicos que avalen esa versión.

Cuando consultamos a González Trigo si había radicado denuncia nos derivó al concejal y abogado Diego Olaiz, quien primero habría señalado que se intentó radicar la denuncia, pero que un ayudante fiscal indicó que debía presentarse en otra circunscripción judicial. Más tarde, esa explicación habría cambiado, atribuyendo la indicación a un tótem de denuncias y reconociendo que no se conocía la identidad de la supuesta funcionaria

Las contradicciones no son un detalle menor. Involucrar a una trabajadora judicial sin identificarla claramente y sin aportar constancias puede transformarse en una maniobra destinada a desviar la atención y cargar responsabilidades sobre terceros. . ¿Porque ensuciar al MPF de Mendoza?

La verdad no necesita campañas, rumores ni escenificaciones: necesita pruebas. La mentira, en cambio, suele apoyarse en el ruido, en la repetición y en la indignación prefabricada. En tiempos de desconfianza ciudadana, es indigno que algunos políticos utilicen las redes, la inteligencia artificial o incluso el nombre de instituciones judiciales para protegerse, conservar votos o sostener posiciones de poder.

La sociedad no exige infalibilidad, pero sí reclama honestidad. Si existen delitos, deben denunciarse formalmente. Si los audios son falsos, deben presentar peritajes y pruebas. Lo que no resulta aceptable es vender una versión cambiada, acusar sin demostrar y convertir la política en un escenario donde la verdad se negocia según la conveniencia del momento.

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