Presentado como una solución al deterioro de la infraestructura y la falta de fondos públicos, el plan plantea una pregunta más incómoda: ¿está el gobierno reorganizando los servicios viales o simplemente eludiendo sus responsabilidades mientras conserva su poder de recaudación?

La propuesta se suma a las enormes sumas ya pagadas a través de los impuestos a los combustibles. Los automovilistas aportan miles de millones de dólares al tesoro público cada año a través de los impuestos incluidos en los precios de la gasolina y el diésel. Sin embargo, muchas rutas nacionales siguen dañadas, mal mantenidas o peligrosas. Si ahora los conductores deben pagar peajes adicionales para transitar por carreteras cuyo mantenimiento ya se ha financiado con el consumo de combustible, el resultado podría ser un doble cobro por el mismo servicio.

El caso de la Ruta 151 ilustra esta contradicción. La carretera figura en el anexo como parte de la jurisdicción de La Pampa y es una ruta importante para los residentes de Mendoza que viajan a través de General Alvear hacia Neuquén, Bariloche y otros destinos patagónicos. Su estado ha generado repetidas quejas. Vialidad Nacional ha alertado sobre el deterioro del pavimento entre el límite con Río Negro y la intersección con la Ruta Provincial 20, así como sobre los baches entre Puelén y el cruce con la Ruta Provincial 14.

Para los viajeros, la promesa de inversión privada puede sonar atractiva, especialmente cuando las carreteras están visiblemente deterioradas. Sin embargo, la cuestión clave no es solo quién las reparará, sino quién pagará, cuánto y bajo qué controles. Sin contratos transparentes, plazos medibles, sanciones efectivas y acceso público a la información financiera, las concesiones pueden convertirse en poco más que mercados garantizados para empresas privadas y gastos permanentes para los ciudadanos.

Este modelo se ajusta a una transformación más amplia del Estado argentino: un Estado que se retira de la prestación de servicios pero no de la recaudación de impuestos. Las responsabilidades públicas se externalizan, mientras que los ingresos públicos permanecen centralizados. Las empresas obtienen el control sobre la infraestructura, los ciudadanos pagan precios más altos y el gobierno conserva la capacidad de imponer tasas e impuestos sin necesariamente ofrecer mejores servicios.

El peligro radica en que los peajes se conviertan en un elemento más de un presupuesto familiar ya asfixiado. La inflación —a menudo presentada con cifras dudosas o incompletas— sigue erosionando los salarios. Los precios de la electricidad, el transporte, el combustible y los alimentos aumentan, mientras que los impuestos se acumulan silenciosamente en cada compra. En estas condiciones, un peaje no es simplemente un pago en un puesto de control: es otro impuesto a la movilidad, el trabajo y el acceso a las oportunidades.

Argentina puede necesitar la participación privada en la gestión vial, pero no necesita un Estado ausente. Un gobierno que abandona a los ciudadanos a intereses privados mientras continúa recaudando agresivamente corre el riesgo de convertir la infraestructura pública en un cártel empresarial y los derechos sociales en servicios de pago. El costo final no es solo económico. Es la cancelación gradual de la esperanza para esos ciudadanos invisibles que sostienen el sistema mientras reciben menos carreteras, menos protección y un futuro cada vez más incierto.