Pero la pregunta sigue allí: ¿puede una sociedad recibir inmigración masiva sin preguntarse qué consecuencias tendrá sobre su seguridad, sus instituciones y su propia identidad cultural?

Lo que ocurre actualmente en Ceuta obliga a formularla nuevamente. La entrada masiva desde Marruecos desbordó la capacidad de la ciudad y dejó miles de personas en territorio español, mientras las autoridades intentan determinar quién tiene derecho a permanecer y cómo afrontar la situación de los menores. Nadie debería discutir la obligación de proteger a quien realmente huye de una persecución ni la protección especial que corresponde a los menores. Pero una política migratoria no puede evaluarse solamente por sus intenciones humanitarias. También debe evaluarse por sus consecuencias.

Un Estado tiene obligaciones hacia quien llega, pero también las tiene hacia quienes ya viven dentro de sus fronteras.

Y allí aparece una diferencia que durante demasiado tiempo se evitó discutir: inmigración e integración no son la misma cosa.

Una sociedad puede recibir extranjeros y pedirles que aprendan su idioma, trabajen, respeten sus leyes y se incorporen a sus instituciones. Eso no es xenofobia. Es integración.

El problema comienza cuando la integración se transforma en un proceso inverso, en el que la sociedad receptora debe modificar progresivamente sus propias costumbres, valores e instituciones para acomodar a cada comunidad que llega. Ahí aparece el multiculturalismo como proyecto político.

Y entonces cabe formular una pregunta incómoda: ¿por qué una sociedad debería considerar virtuoso el progresivo abandono de aquello que construyó durante siglos para demostrar que es tolerante?

La cultura española, francesa, británica, alemana o argentina no apareció de la nada. Es el resultado de generaciones, de una lengua, de instituciones, de costumbres, de religión, de filosofía y de una historia compartida. Naturalmente, las culturas cambian. Siempre lo hicieron. Pero una cosa es transformarse con el paso del tiempo y otra convertir la disolución de la cultura propia en un objetivo político.

El límite no es la religión: es la ley

Hay otra discusión que Occidente parece haber perdido: criticar una religión no equivale a odiar a quienes la profesan.

Criticar al Islam no es necesariamente islamofobia. Criticar el islamismo político no equivale a perseguir al musulmán que vive pacíficamente. Defender un Estado secular no significa negar la libertad religiosa.

Una sociedad libre debe poder discutir cualquier doctrina, incluso las religiosas, especialmente cuando determinadas prácticas entran en conflicto con sus principios jurídicos.

Si alguien pretende justificar el matrimonio de una niña con un adulto invocando una tradición religiosa, no hace falta ninguna "fobia" para rechazarlo. En Occidente existen normas de protección de los menores y una concepción jurídica de la dignidad y de la autonomía que no desaparece cuando aparece una justificación religiosa.

Lo mismo vale para la igualdad entre hombres y mujeres, la libertad de conciencia y la libertad de expresión. La libertad religiosa protege al creyente frente al Estado; no convierte las normas de una religión en normas obligatorias para toda la sociedad.

Tampoco corresponde esconder los delitos para evitar "estigmatizar". En Ceuta se investigan agresiones sexuales presuntamente cometidas por ciudadanos marroquíes llegados durante la entrada masiva, incluidos casos con menores. Eso no autoriza a convertir una conducta individual en una característica de todos los marroquíes. Pero tampoco convierte en racista a quien considera que esos hechos deben investigarse, juzgarse y discutirse públicamente.

Una sociedad adulta debería poder hacer ambas cosas al mismo tiempo: rechazar la generalización y rechazar el silencio.

Cuando integrarse deja de ser el objetivo

El problema se vuelve todavía más delicado cuando determinados sectores no parecen interesados en integrarse en la sociedad que los recibe, sino en transformarla.

No hablamos de millones de musulmanes que viven pacíficamente en Occidente, trabajan, estudian y cumplen las leyes. Sería absurdo meterlos a todos en la misma bolsa. Hablamos de movimientos políticos o religiosos que, en distintos lugares, plantean conflictos alrededor de la educación, el género, la libertad de expresión, la religión y la relación entre las normas religiosas y el Estado.

Michigan, Texas y, especialmente, el Reino Unido ofrecen ejemplos de debates que merecen ser observados sin caricaturas. No hace falta afirmar que existe una conspiración ni atribuir a todos los inmigrantes un supuesto "ánimo de conquista". Basta con reconocer algo mucho más concreto: si determinados sectores pretenden que la sociedad receptora abandone sus propias reglas para adoptar las suyas, el problema deja de ser exclusivamente migratorio. Es político e institucional.

Un argentino que se muda a Brasil puede conservar sus costumbres, hablar español en su casa y seguir cocinando empanadas. Pero entiende algo elemental: llegó a Brasil, no Brasil a él.

Ese principio debería valer para todos.

La responsabilidad del progresismo

Durante años, buena parte de la izquierda y del progresismo occidental construyó un marco cultural en el que palabras como frontera, nación, identidad o integración comenzaron a ser sospechosas. Controlar fronteras podía ser xenofobia. Defender la cultura propia podía ser nacionalismo. Exigir integración podía ser intolerancia. Criticar determinadas prácticas religiosas podía ser islamofobia.

El resultado fue una discusión pública en la que muchas veces se juzgaba primero la supuesta intención moral de quien hablaba y recién después el contenido de lo que decía.

Pero gobernar exige preguntas bastante menos románticas: quién entra, por qué entra, cuántos pueden ingresar, cómo se integrarán, qué capacidad tiene el Estado para recibirlos y qué ocurre cuando alguien no tiene derecho a permanecer o delinque.

No son preguntas de derecha ni de izquierda.

Son preguntas de gobierno.

Y América Latina tampoco debería mirar todo esto como si ocurriera en otro planeta. Brasil importa regionalmente. Si el gobierno de Lula adopta políticas expansivas de recepción, puede hacerlo dentro de sus competencias, pero sería irresponsable pensar que las consecuencias necesariamente terminan en la frontera brasileña. Brasil está conectado directamente con Argentina y Paraguay, y la existencia de la Triple Frontera hace que cualquier cambio importante en la política migratoria de la principal potencia regional merezca nuestra atención.

No significa afirmar que quienes ingresen a Brasil terminarán necesariamente en Argentina. Significa reconocer que las decisiones migratorias de un país de esa magnitud pueden producir efectos que excedan sus fronteras.

Y nosotros, ¿qué queremos?

Cada vez que se discute inmigración en Argentina aparece el Preámbulo: "para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino".

Es una frase hermosa y forma parte de nuestra tradición constitucional. Pero no es una autorización migratoria universal e ilimitada.

Fue escrita en 1853, en un contexto fundacional en el que la Argentina necesitaba poblar su territorio y fomentar la inmigración. Y nuestra propia Constitución contempla además una política de inmigración vinculada al trabajo y al desarrollo.

Hoy existe un régimen migratorio, con requisitos de ingreso, permanencia, residencia y procedimientos administrativos. La apertura constitucional al extranjero nunca significó la desaparición de la soberanía migratoria del Estado.

Podemos recibir al que viene a trabajar, proteger al perseguido e incorporar nuevos ciudadanos. Y podemos, al mismo tiempo, controlar nuestras fronteras y exigir que quien llegue respete nuestras leyes.

No hay contradicción.

Una frontera no es una declaración de odio hacia el extranjero. Es una declaración de responsabilidad hacia quienes viven dentro de ella.

Argentina puede ser un país abierto sin ser un país indefenso. Puede ser plural sin ser fragmentaria. Puede ser tolerante sin ser ingenua.

Y quizás ésa sea finalmente la pregunta que Occidente viene postergando: no si debemos recibir al extranjero, sino qué estamos dispuestos a exigirle a quien llega, qué estamos dispuestos a defender de aquello que somos y qué sociedad queremos dejarles a nuestros hijos.

Porque proteger una cultura no significa odiar las culturas ajenas.

Significa haber dejado de despreciar la propia.