El caso llegó a la Suprema Corte de Mendoza luego de que decisiones judiciales controvertidas generaran fuertes críticas. Entre los aspectos más cuestionados se encontraba la “aberración del fallo de las juezas absolviendo”, una decisión que, según las familias y organizaciones de las víctimas, no reconoció la gravedad de las pruebas ni la profunda desigualdad que enfrentaban los niños.

La intervención de la Suprema Corte se convirtió en un punto de inflexión significativo. Su fallo ayudó a colocar los testimonios de las víctimas y la responsabilidad de los cuidadores en el centro del debate. El proceso también puso de relieve la desprotección y los abusos de quienes oficiaban de cuidadores, revelando cómo la autoridad institucional puede convertirse en un escudo para el silencio y la impunidad.

Otro tema clave fue el rol de la monja Kumico, cuya participación se integró al debate más amplio sobre las responsabilidades del personal religioso. El caso demostró que la protección no puede depender únicamente del estatus institucional o la autoridad religiosa.

Más allá de los tribunales, el caso Provolo dejó una lección social urgente: los niños con discapacidades requieren mayores garantías, justicia accesible y adultos dispuestos a escuchar. La decisión de la Corte Suprema no borró el sufrimiento, pero ayudó a restaurar la credibilidad de un proceso que había decepcionado profundamente a las víctimas y sus familias.