No es momento para la tibieza intelectual ni para aceptar relatos prefabricados. Es momento de observar los hechos, analizarlos y sacar nuestras propias conclusiones. Porque lo ocurrido en las últimas semanas no fue solamente una polémica deportiva. Fue, a mi entender, un episodio más de una batalla cultural que atraviesa a Occidente y de la cual Argentina, quiera o no, hoy forma parte.

Hubo un tiempo en que los grandes acontecimientos deportivos terminaban cuando sonaba el silbato final. Hoy ya no. En la era de las redes sociales, la política, la geopolítica y la disputa por el sentido de las ideas continúan el partido durante semanas.

Tras la final del Mundial, Argentina quedó en el centro de una intensa ola de cuestionamientos. En cuestión de horas se multiplicaron en redes sociales, medios de comunicación y espacios de opinión acusaciones de racismo, xenofobia y nacionalismo extremo. La Selección fue apenas el punto de partida. El verdadero blanco terminó siendo la imagen del país.

No creo que se haya tratado simplemente de miles de opiniones aisladas. Creo que distintos sectores del progresismo internacional, del activismo denominado "woke" y parte del activismo pro-palestino convergieron rápidamente en una misma narrativa: presentar a nuestra Nación como un símbolo negativo dentro del debate cultural contemporáneo.

¿Por qué Argentina?

La pregunta verdaderamente importante no es por qué se discutió una final del Mundial.

La verdadera pregunta es otra: ¿por qué Argentina pasó a convertirse en un símbolo?

Mi respuesta es que el fútbol fue apenas el detonante.

La República Argentina representa hoy uno de los pocos países cuyo gobierno desafía abiertamente postulados que durante años parecieron incuestionables dentro de determinados ámbitos políticos, académicos e internacionales: la expansión permanente del Estado, buena parte de la agenda progresista contemporánea, el denominado wokismo y determinados aspectos de la Agenda 2030. A ello se suma un alineamiento político explícito con Estados Unidos e Israel.

Cuando un país desafía consensos consolidados deja de ser juzgado únicamente por sus políticas concretas. Comienza también a ser evaluado —y muchas veces atacado— por lo que representa.

Por eso sostengo que las críticas posteriores al Mundial no fueron solamente deportivas. Constituyeron un nuevo episodio de una batalla cultural mucho más amplia.

La paradoja del progresismo occidental

Uno de los fenómenos políticos más llamativos de los últimos años ha sido la convergencia entre determinados sectores del progresismo occidental y parte del activismo internacional que gira alrededor de la causa palestina.

Criticar decisiones del Estado de Israel constituye una posición política perfectamente legítima. Lo que merece un debate serio es por qué, en numerosos casos, esa crítica convive con un tratamiento mucho más indulgente hacia organizaciones o movimientos cuyo ideario resulta incompatible con principios que esos mismos sectores afirman defender, como la igualdad entre hombres y mujeres, la libertad religiosa, la libertad de expresión y los derechos de las personas LGBT+.

No deja de ser una paradoja que quienes reivindican esos valores en las democracias occidentales relativicen prácticas o discursos profundamente antiliberales, cuando provienen de otros actores políticos o culturales.

Europa y un debate que ya no puede ocultarse

Europa ofrece una experiencia que Argentina haría bien en observar con atención.

Hoy varios países europeos enfrentan un debate cada vez más difícil de ocultar sobre las consecuencias de políticas migratorias y de integración impulsadas durante décadas. Allí donde el Estado renunció a exigir una integración efectiva basada en el respeto al orden constitucional, comenzaron a aparecer fenómenos de segregación, radicalización y crecientes tensiones sociales.

Negar que ese debate existe ya no constituye una posición seria. Basta observar las discusiones políticas que atraviesan hoy a Francia, Alemania, Bélgica, Suecia, el Reino Unido y los Países Bajos.

Ello no implica descalificar a millones de inmigrantes que respetan plenamente las leyes de los países que los recibieron. Pero tampoco debería impedir discutir con honestidad cuáles son los límites del multiculturalismo cuando determinadas corrientes rechazan principios esenciales de las democracias liberales.

Nuestro país tiene una tradición inmigratoria que constituye motivo de orgullo. Precisamente por ello, cualquier política migratoria debe seguir apoyándose en un principio elemental: quien decide vivir en nuestro país debe respetar la Constitución, las leyes y los valores democráticos que organizan nuestra convivencia.

La batalla cultural

En ese contexto se comprende mejor la reacción del presidente Javier Milei.

Mucho antes de asumir la Presidencia, hizo de la crítica al progresismo, al denominado “wokismo” y a determinadas agendas internacionales uno de los ejes centrales de su discurso. Ya en el ejercicio del cargo trasladó esa discusión a foros internacionales, convirtiéndose en una de las voces latinoamericanas más visibles de una corriente de pensamiento que también tiene expresiones en Estados Unidos y Europa.

Podrá compartirse o no ese diagnóstico. Pero resulta difícil negar que Argentina pasó a ocupar un lugar destacado dentro de esa discusión global.

Esta dinámica responde a un patrón de confrontación ideológica que desde hace años se proyecta sobre América Latina. Los gobiernos o dirigentes que se apartan del consenso progresista internacional —como ocurre con el liberalismo libertario de Javier Milei— suelen convertirse en objeto de intensos cuestionamientos políticos y simbólicos. Frente a ello, el mandatario respondió con una frase atribuida a Winston Churchill: «¿Tiene enemigos? Bien. Eso significa que defendió algo en algún momento de su vida». Más allá de la cita, el mensaje refleja la convicción de que la Argentina se encuentra hoy en el centro de una disputa cultural que trasciende ampliamente a la política doméstica.

Ese cambio de escala obliga a observar el fenómeno desde una perspectiva más amplia. Durante gran parte del siglo XX, las grandes disputas políticas giraban principalmente en torno a la economía: la propiedad, la producción, los impuestos o la distribución de la riqueza. En el siglo XXI, sin abandonar esos debates, el eje se desplazó progresivamente hacia la cultura: la identidad, la inmigración, la religión, el lenguaje, la educación, la historia y los valores. Comprender ese desplazamiento resulta indispensable para interpretar fenómenos que, a primera vista, parecen desconectados entre sí. Las controversias que hoy rodean a la Argentina no pueden entenderse únicamente desde la política nacional; forman parte de una discusión mucho más amplia sobre qué principios y qué modelo de sociedad prevalecerán en las democracias occidentales.

La consecuencia de esa disputa no tardó en sentirse también puertas adentro. Buena parte de la izquierda argentina hizo propias muchas de las críticas surgidas desde el exterior y terminó amplificando un relato que presentaba al país como un símbolo del racismo, la xenofobia o el nacionalismo excluyente. Criticar a un gobierno es una práctica indispensable en toda democracia; otra muy distinta es fortalecer, desde adentro, un relato que termina debilitando la posición internacional de la propia Nación.

Las disputas partidarias son transitorias. Los intereses del país, en cambio, permanecen. Esa es una lección que una parte importante de la dirigencia argentina todavía tiene pendiente aprender.

Derechos humanos sin doble estándar

La mayor paradoja es que, en nombre de la lucha contra la discriminación, millones de argentinos terminaron siendo objeto de generalizaciones y descalificaciones colectivas. Cuando se atribuyen rasgos negativos a todo un pueblo por la conducta de algunos de sus integrantes, también se incurre en una forma de prejuicio incompatible con los mismos principios que se dice defender.

Como abogado, hay una convicción que considero irrenunciable: los derechos humanos solo conservan su legitimidad cuando se aplican con la misma vara para todos.

No puede condenarse el racismo y guardar silencio frente al antisemitismo. No puede defenderse la igualdad entre hombres y mujeres y, al mismo tiempo, justificar prácticas que las colocan en una situación de inferioridad. Tampoco puede invocarse la diversidad para tolerar la persecución religiosa, la censura o la discriminación por orientación sexual.

Los principios universales dejan de ser universales cuando se aplican selectivamente.

Cuando un país se convierte en símbolo, el riesgo es que deje de ser juzgado por lo que hace y pase a ser juzgado por lo que representa. Ese es, a mi entender, el verdadero desafío que enfrenta hoy la Argentina. La mejor respuesta no consiste en responder con consignas, sino en sostener instituciones fuertes, principios claros y un debate público honesto. En tiempos de batallas culturales globales, la claridad de las ideas pesa mucho más que el ruido de las etiquetas.

Porque, al final, eso es precisamente lo que sostiene esta columna: la Argentina dejó de ser solamente un país para convertirse en un símbolo. Y los símbolos, por definición, nunca generan indiferencia.