La historia industrial de FATE llegó a su fin con el envío de los últimos telegramas a los trabajadores que aún permanecían enfrentados con la empresa tras el cierre anunciado en febrero. La fabricante de neumáticos, fundada el siglo pasado, se consolidó durante décadas como uno de los referentes fabriles del conurbano bonaerense y cerró así un proceso que incluyó ocupación de planta, audiencias oficiales, expedientes judiciales y una disputa política que trascendió a la compañía.

FATE, que contaba con 920 empleados al momento del cierre, finalizó su actividad tras un conflicto que, en realidad, fue la expresión local de una crisis estructural: la combinación de pérdida de competitividad, costos internos en aumento, cambios tecnológicos y la transformación global del mercado del neumático. Según ejecutivos de la empresa, "enfrentada a la realidad de tener costos mucho más altos que los precios de los neumáticos provenientes de China, ya no pudo sostener las pérdidas económicas acumuladas, ni las que vendrían". La mayoría de los trabajadores –casi 800– aceptó acuerdos voluntarios de desvinculación; el resto fue notificado en la última etapa.

El gobierno de Javier Milei optó por no intervenir para sostener la operación industrial, no establecer barreras comerciales para proteger la producción local ni instrumentar mecanismos de auxilio estatal que, en otros ciclos, se habrían activado de manera casi automática.

En la Casa Rosada consideraron que el caso FATE no era una excepción, sino una prueba para el nuevo esquema económico. La postura oficial había quedado clara semanas antes, cuando Milei cuestionó en Nueva York a empresarios que reclamaban protección frente a la apertura de importaciones: "Cuando hablan de apertura indiscriminada son una manga de... bueno, pongan ustedes el título. Están reclamando cazar en el zoológico". En el ámbito empresario, la frase fue interpretada como una señal de que el Gobierno no actuaría como en el pasado, que llegó a preservar estructuras consideradas inviables.

El ingreso de neumáticos importados, especialmente de China, alteró la ecuación del negocio. Por volumen, financiamiento, productividad y escala, los fabricantes asiáticos fijaron precios imposibles de igualar para una planta local con estructura pesada, litigiosidad laboral y distorsiones macroeconómicas acumuladas. En ese contexto, la empresa sostuvo que la actividad había dejado de ser sustentable bajo las nuevas reglas del mercado.

La compañía también señaló al conflicto sindical como factor agravante. Para los ejecutivos de FATE, el Sindicato único de Trabajadores del Neumático Argentino, liderado por Alejandro Crespo, terminó de algún modo por "conspirar contra todo atisbo de progreso y sentido común". SUTNA, organización identificada con la izquierda trotskista, representa actualmente a cerca de mil trabajadores del sector y ha protagonizado algunos de los conflictos laborales más duros de los últimos años.

La relación entre FATE y el sindicato se encontraba deteriorada desde hacía tiempo. El sector del neumático sufrió paros, bloqueos y negociaciones tensas que afectaron el abastecimiento y la producción. Para la dirigencia gremial, esas medidas fueron respuestas legítimas ante intentos patronales de ajustar salarios y condiciones laborales. Para las empresas, en cambio, representaron costos crecientes en una industria cada vez más presionada.

En la etapa final, la disputa se intensificó. La empresa aseguró que ofreció indemnizaciones al 100%, incluso bajo la ley laboral anterior, más onerosa. FATE buscó instalar que propuso una salida económicamente favorable para los empleados y acusó al sindicato de haber radicalizado el conflicto por razones políticas: "Desde el primer día hizo todo lo posible para sabotear el proceso. Tomaron la planta –que aún hoy continúa usurpada– y escalaron la disputa a un conflicto inexistente".

Según FATE, se generaron expectativas infundadas entre los operarios: "Instalaron en la gente la ficción de volver a producir, de reabrir una planta que no puede vender sus productos". El grupo remanente, integrado principalmente por delegados sindicales, continuó reclamando la reapertura, pero finalmente recibió los últimos telegramas y el proceso quedó limitado a la discusión judicial sobre la validez de los despidos y eventuales indemnizaciones adicionales.

En el tramo final del conflicto, se sucedieron conciliaciones obligatorias de Nación y de la provincia de Buenos Aires, expedientes ante la Justicia laboral, planteos en el fuero penal, pedidos de desalojo, embargos e incluso iniciativas legislativas para estatizar la compañía o aumentar los aranceles de importación. La empresa calificó como "absurdo" un proyecto impulsado por el sindicato para subir aranceles: "Es todo una verdadera maraña kafkiana que sólo incrementa el costo y la pérdida de oportunidades para todos", señalaron en FATE.

El caso puso en evidencia el nuevo vínculo del Gobierno con el sindicalismo combativo. A diferencia de administraciones anteriores, que intervenían para preservar puestos de trabajo o forzar acuerdos, la gestión Milei mantuvo una distancia marcada. E incluso, apuntó sin matices contra el empresario Madanes Quintanilla.

La lógica oficial se alineó con el ideario libertario: si una empresa no puede competir, el Estado no debe transferirle recursos ni bloquear artificialmente importaciones para mantenerla. Este principio rompió con décadas de "política industrial" argentina, basada en distintos grados de protección y administración comercial.

El cierre de FATE trasciende a la empresa. Para sectores del empresariado, se transformó en una advertencia: los pedidos de protección ya no encuentran la receptividad de otros tiempos. Para el sindicalismo y la oposición, anticipa un proceso de desindustrialización acelerada.

FATE simbolizaba una tradición manufacturera ligada al empleo formal, la producción nacional y la movilidad social industrial. Su desaparición reabre el debate sobre qué sectores pueden sobrevivir en una economía abierta y cuáles quedan fuera de competencia.

Desde el entorno de la empresa afirman que la decisión fue "dolorosa pero inevitable". "Tras muchas dudas y duelo, los accionistas aceptaron un porvenir adecuado a las nuevas reglas de juego", indicaron en la compañía con sede en San Fernando.

Para los trabajadores despedidos, la realidad es otra: cientos de familias sin empleo y una planta cerrada en una zona históricamente industrial. Allí reside la dimensión social que las discusiones ideológicas no logran borrar.

El envío de los últimos telegramas formalizó lo que ya había ocurrido en los hechos: FATE dejó de existir como fabricante local de neumáticos. Quedan la marca, la historia y una disputa abierta sobre las causas de la caída. ¿Fue la competencia china, el conflicto sindical, la carga de costos internos o la decisión política de no proteger? La respuesta, según admiten todos los actores, es una combinación de esos factores.