Luego de la aprobación de la reforma, un informe reciente de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) arrojó que en 2025 hubo 127.700 juicios laborales, lo que implicó un sobrecosto de USD 2.140 millones para el conjunto del sistema.

Se destacó que ese monto equivale a 2 millones de salarios mensuales o el ingreso anual de 154.000 trabajadores, 9,2 millones de salarios mínimos, 9,1 millones de jubilaciones mínimas o 1,6% de la masa salarial.

La SRT clasificó a las provincias según su nivel de riesgo en función de la cantidad de juicios y su costo económico. Los datos muestran una fuerte concentración territorial de la litigiosidad dentro de la categoría de alto riesgo concentran el 70,6% de los trabajadores y el 71,2% de los juicios. Si se suman las de riesgo medio, estos valores ascienden a 90,4% del empleo y 86,2% de los litigios.

"Si se incorpora la composición de la judicialidad (rechazos + 0% de incapacidad + no denunciados) al nivel de riesgo, el análisis se enriquece porque no solo muestra dónde hay más juicios, sino también qué tan 'sanos' o 'distorsionados' son dichos juicios", precisó la SRT.

"Varias jurisdicciones de riesgo alto presentan además valores muy elevados de composición, lo que sugiere una fuerte presencia de juicios especulativos: CABA (90%), Buenos Aires (88%), Chubut (79,5%), Jujuy (85%), Mendoza (92,9%), Santa Fe (92,6%)", añadió.

En algunas provincias con bajo nivel de riesgo, como Catamarca (75,7), Corrientes (76,7), La Rioja (74,4) y Río Negro (71,6), se registra igualmente una alta proporción de juicios que terminan sin incapacidad, son rechazados o no fueron denunciados previamente.

Esto sugiere que, aunque la cantidad de litigios o su impacto económico es menor, una parte significativa de los casos presenta un posible componente especulativo.

Entre las jurisdicciones con mayor impacto económico o sobrecosto por los juicios laborales se destacan:

Según el informe, las provincias con mayor cantidad de litigios, en términos absolutos de juicios en 2025, son Buenos Aires (49.100) , CABA (25.061), Santa Fe (18.324), Mendoza (9.096) y Córdoba (7.845).

Por regiones, el informe también muestra grandes disparidades entre provincias, a partir de dos indicadores clave: el índice de judicialidad (cantidad de juicios) y el sobrecosto por trabajador (en dólares). Los números evidencian comportamientos muy distintos incluso dentro de una misma región.

En Cuyo, San Luis aparece como el caso más extremo del país: registra 337 de judicialidad y USD 837 de sobrecosto por trabajador, muy por encima de San Juan (60 y USD 65) y también de Mendoza (212 y USD 360). Esta brecha lo posiciona como el distrito más atípico tanto por cantidad de juicios como por costo por caso.

En la misma región, Mendoza también presenta niveles elevados (212 de judicialidad y USD 360 por trabajador), claramente por encima del promedio regional, aunque lejos del pico que muestra San Luis.

En la Patagonia, Chubut se destaca con 371 de judicialidad y USD 328 por trabajador, más que duplicando a Neuquén (170 y USD 249) y superando ampliamente a Río Negro (58 y USD 69).

En este contexto, Neuquén aparece como un caso intermedio dentro de una región con comportamientos muy dispares.

En el NOA, Jujuy rompe el patrón regional: con 238 de judicialidad y USD 461 por trabajador, se ubica muy por encima de provincias como Salta (6,6) y Tucumán (25,8), donde tanto la litigiosidad como los costos son significativamente más bajos.

En la región Centro, Santa Fe lidera con 267 de judicialidad y USD 263 por trabajador, superando a Córdoba (138 y 178) y Entre Ríos (120 y 126), lo que la posiciona como la jurisdicción más crítica de ese bloque.

Por su parte, en el AMBA se observan dos dinámicas distintas: Buenos Aires registra 164 de judicialidad y USD 284 por trabajador, con menos juicios pero mayor costo relativo; mientras que CABA, con 249 de judicialidad y USD 248 por trabajador, presenta más litigios, aunque con menor impacto económico por caso.

La SRT señala que la solución pasa por aplicar la normativa vigente. En ese sentido, la Ley 27.348 establece la creación de Cuerpos Médicos Forenses en las provincias, integrados por especialistas en medicina laboral, honorarios no atados al resultado del juicio y la intervención obligatoria en todos los casos.

Además, la Ley 27.802 (modernización laboral) fija plazos y facultades específicas para la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) con el objetivo de avanzar en la implementación del sistema.