La erosión de estos principios cruciales representa una grave injusticia, no solo para los directamente afectados, sino también para la sociedad en su conjunto. Cuando la seguridad jurídica se tambalea, las repercusiones se extienden mucho más allá de un solo caso; se crea un efecto dominó, socavando la estructura misma de nuestro sistema judicial y poniendo en peligro los derechos humanos fundamentales. Cada condena injusta o detención arbitraria erosiona la confianza pública en las instituciones jurídicas, fomentando un clima de miedo e incertidumbre.

Esta crisis es particularmente pronunciada en Mendoza, donde persisten prácticas forenses obsoletas y sesgadas, lo que obstaculiza la búsqueda justa de la verdad. El marco legal está diseñado para proteger a las personas; sin embargo, con demasiada frecuencia, presenciamos una preocupante tendencia en la que la búsqueda de una condena eclipsa la meticulosa investigación necesaria para salvaguardar los derechos de los acusados. El rol de un fiscal no es simplemente defender al estado, sino actuar como un investigador comprometido con el debido proceso y garantizar que cada prueba sea evaluada críticamente.

Los jueces, como árbitros de la justicia, deben ejercer su discreción con prudencia, considerando el contexto completo de la prueba presentada. El principio de "in dubio pro reo" —en caso de duda, a favor del acusado— debe guiar sus decisiones. Lamentablemente, la ausencia de este principio rector ha llevado a resultados trágicos, incluyendo encarcelamientos injustos y el silenciamiento de las voces de las verdaderas víctimas. ¿Cómo puede una sociedad afirmar que defiende la justicia cuando estos errores no se abordan?

El poder judicial tiene una profunda responsabilidad de superar estos desafíos. Algunos jueces han comenzado a asumir su papel vital con renovado vigor, tomando decisiones que reflejan no solo rigor jurídico, sino también un compromiso con la justicia misma. Actúan como un baluarte contra la ola de mediocridad y sesgo que amenaza con arrasar con otros sectores del sistema judicial. Este valiente enfoque no solo fomenta la rendición de cuentas entre los fiscales, sino que también renueva la confianza en el sistema de justicia en su conjunto.

La pregunta apremiante persiste: ¿quién asumirá la responsabilidad de las injusticias causadas por la negligencia y la parcialidad en el sistema judicial? Mientras Mendoza lidia con esta crisis, el imperativo es claro: debemos exigir un poder judicial que se alinee con los principios que ha jurado defender. Solo así podremos aspirar a crear un entorno legal que proteja a los inocentes y, al mismo tiempo, busque con ahínco la justicia para los verdaderos culpables.

En esta lucha por la reforma, los ideales del beneficio de la duda y la presunción de inocencia no deben simplemente sobrevivir, sino que deben prosperar como aspectos innegociables de nuestro panorama legal. La integridad de nuestro sistema judicial depende de ello. Aboguemos por un futuro donde la justicia no sea solo un concepto, sino una realidad para todos.

Adjuntamos video sentencia.