En el centro del problema reside una flagrante inconsistencia en la aplicación de la ley. Si bien el Gobierno de Mendoza ha avanzado en la confrontación de la proliferación de divisiones clandestinas de lotes, algunos gobiernos locales, como el de la Capital, parecen estar navegando en la dirección opuesta. En contraste, municipios como Luján de Cuyo están sentando las bases para el cumplimiento y la zonificación efectiva. La zona conocida como “Las Vertientes” es un testimonio de este compromiso, habiendo gestionado con éxito más de 30 barrios privados que enfrentaban multas o sanciones, allanando el camino para su regularización.

Irónicamente, la situación en la municipalidad de la capital mendocina muestra un preocupante desprecio por los protocolos establecidos. Un informe reciente del Diario Uno revela que, a pesar de múltiples denuncias, la municipalidad inexplicablemente ha dado luz verde a lotes clandestinos, permitiéndoles proceder mientras aparentemente ignora disposiciones cruciales de la ley. Un ejemplo claro es la emisión de una "factibilidad de uso" para un proyecto inmobiliario ilegal en Villa Adolfina. Documentos oficiales indican que este proyecto comenzó sin permiso municipal, en una zona explícitamente designada como "área de amortiguamiento natural", donde los desarrollos residenciales están estrictamente prohibidos.

La desconcertante resolución N.º 13/2026, firmada el 16 de enero por Eva Lorena González, secretaria de Ambiente y Desarrollo Urbano, ejemplifica el enfoque contradictorio adoptado por las autoridades municipales. En lugar de frenar los desarrollos ilícitos, la resolución no solo legitima el proyecto, sino que lo hace reconociendo su historial de actividades clandestinas: apertura de calles y construcción de edificios sin la debida autorización.

Lo alarmante de esta situación son sus amplias implicaciones para la planificación urbana y la protección del medio ambiente. El reconocimiento oficial de la ilegalidad del proyecto y su ubicación en una zona vulnerable debería haber alertado a cualquier órgano de gobierno responsable. En cambio, la decisión de la administración local de seguir adelante pone de manifiesto una preocupante tendencia a priorizar los intereses de desarrollo inmediatos sobre el crecimiento urbano sostenible.

Una planificación territorial eficaz es crucial en la lucha contra la parcelación clandestina. Proporciona un marco legal estructurado que no solo previene la expansión caótica, sino que también protege los recursos naturales, garantiza los servicios esenciales y promueve la equidad social. Al abordar los asentamientos irregulares, una regulación adecuada transforma las invasiones desorganizadas en prácticas sostenibles y sensatas de uso del suelo. Es vital para prevenir estafas y garantizar que todas las comunidades tengan acceso a hábitats bien planificados.

Mendoza se encuentra en una encrucijada, con el Gobierno esforzándose por establecer el orden en un contexto de acciones municipales contradictorias. Los enfoques contrastantes de Luján de Cuyo y la municipalidad de la Capital sirven como un microcosmos de los desafíos más amplios que enfrenta la gobernanza urbana en Argentina. A medida que las localidades lidian con la doble presión del desarrollo y la regulación, la necesidad de una aplicación coherente de la Ley de Loteos se vuelve más apremiante que nunca.

El camino a seguir depende de la colaboración entre las autoridades provinciales y locales, reforzando el cumplimiento de la ley y fomentando un crecimiento responsable. Sólo entonces podrá Mendoza garantizar que el uso de su tierra refleje los valores de la sostenibilidad, la equidad y el bienestar de la comunidad, en lugar del caos y la contradicción.

Fuente Ley de Loteos y sus modificaciones

Fuente Diario Uno.

Foto Diario UNO