El 15 de junio de 2015, Mendoza se convirtió en la primera provincia del país en tener una Oficina de Pequeñas Causas y Consumo. Fue la Suprema Corte de Justicia la que, a través de la acordada N° 26.659, creó esta repartición que luego se sumó al art. 218 del Código Procesal Civil, ley N° 9.001 que crea el Fuero de la Justicia de Pequeñas Causas. Esta dependencia resuelve el 94% de las causas que ingresan, la mayoría de ellas de consumo, aunque también resuelve disputa entre vecinos, en un lapso de 45 días hábiles usando la negociación y el acercamiento de las partes como principal herramienta.

Esta Oficina interviene en aquellos conflictos de consumo cuyo reclamo no superen los 3 “JUS” (que hoy equivalen a $1.474.000) y en conflictos entre vecinos, tales como medianería, forestal, humedad y filtraciones. Son reclamos de daños y perjuicios que al ser de menor cuantía tramitan a través de un proceso rápido, gratuito. Esta dependencia permitió descomprimir de este tipo de casos a la justicia tradicional.

Anteriormente para reclamar judicialmente por un problema relacionados a, por ejemplo, la compra de un electrodoméstico, había que buscar un profesional para iniciar una demanda de daños y perjuicios y afrontar las costas de los gastos judiciales y honorarios que, en la mayoría de los casos, superan el valor mismo del electrodoméstico por lo que el ciudadano terminaba optando por no reclamar por su derecho vulnerado. Con la modificación del Código Procesal Civil y Comercial se pasó a contar con procesos especiales para solucionar esas “pequeñas causas”, de gran importancia social.

Una de las características más importante que tiene esta repartición es que la persona que viene a reclamar un daño litiga hasta el fin del proceso sin costo. Incluso el 6% que no llega a acuerdo, siempre que no requiera prueba pericial, que no revista mayor complejidad y termine llegando a juicio de pequeñas causas, en estos casos, el ciudadano es representado por letrados que están inscriptos en el Registro de Abogados de Pequeñas Causas, gracias a un convenio que se firmó con el Colegio de Abogados de Mendoza, por lo que el reclamante no tiene que asumir costos de representación.

“Entre llamados telefónicos, correos electrónicos, mensajes de WhatApp y la gente que se acerca a la Oficina en forma presencial, hacemos más de 100 atenciones diarias”, contó la responsable de la Oficina de Pequeñas Causas y Consumo, Carina Ginestar, quien remarcó que “en el año 2024 como gestión judicial sumando todas las vías de acceso mencionadas, se efectuaron 24.970 atendimientos de la ciudadanía de Mendoza. Esta forma de administrar justicia con un proceso fácil, expedito y eficiente que da una solución a los conflictos de la comunidad en materia de derechos del consumidor es una respuesta concreta al reclamo que tiene la sociedad”.

En lo que se proyecta a futuro, Ginestar está trabajando para que “se pueda crear un juzgado de Pequeñas Causas con competencia en toda la provincia. De esta forma ese 6% que no se resuelve mediante la negociación tendría una resolución judicial casi inmediata. Así se trabaja este tipo de casos en países como Canadá, Estados Unidos, España o Brasil”.

Quienes quieran conocer más sobre este servicio pueden ingresar en la web de la Oficina de Pequeñas Causas y Consumo, allí podrán conocer como iniciar los reclamos e incluso descargar los formularios necesarios para iniciar un proceso de estas características. Por correo electrónico a: [email protected]; por teléfono en: 0261 449 9760 / 9798 / 9842 o por WhatApp: 2612616159587 (Solo mensajes).

Un camino de 10 años

“Cuando salió la acordada en 2015 visitamos todos los municipios de Mendoza para explicarles en qué consistía la Justicia de Pequeñas Causas, que materia iba a abordar y como iba aoperar. En 2018 con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Civil, Ley N° 9.001 ya comenzamos a operar con un marco normativo que fuimos trabajando y se generó el convenio con el Colegio de Abogados para crear el Registro de Abogados de Pequeñas Causas”, contó a modo de historia Ginestar.

Cuando comenzó a funcionar esta oficina de Pequeñas Causas por ley, en el 2018, ingresaban 700 reclamos al año. En la actualidad se efectúan más de 24.000 atendimientos anuales según las últimas estadísticas del año 2024.

Incluso la Suprema Corte de Justicia de Mendoza fundó en 2023 el Comité Internacional de Justicia de Pequeñas Causas de América del Sur, junto con su par de Brasil, el Superior  Tribunal de Justicia de Pernambuco, siendo los Coordinadores de dicho Organismo. El objetivo central del mismo es el de replicar el modelo de Pequeñas Causas en toda Latinoamérica. Luego de su creación se sumó a los máximos tribunales de Salta, Chaco, Tucumán y Neuquén, así como también el Estado de Rondonia, de Brasil. Incluso Mendoza fue sede del Primer Congreso Internacional de Pequeñas Causas “Fortaleza, Beneficios y Expansión de la Justicia de Pequeñas Causas Nacional e Internacional”.

19° Capacitación sobre derechos en las relaciones de consumo

El próximo 25 de junio se llevará a delante, de manera virtual, una nueva capacitación de la Oficina de Pequeñas Causas y Consumo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Belén Japaze, una renombrada jurista de Tucumán, será la encargada de hablar sobre “Legitimación Activa y Pasiva y Responsabilidad por daños”.

La apertura de la Capacitación estará a cargo de Carina Ginestar, quien es la responsable de la Oficina de Pequeñas Causas y Consumo de Mendoza y que disertará sobre el “Acceso a la Justicia del Consumidor”. Es importante destacar que se trata de una capacitación con certificación y que es obligatoria para todos aquellos abogados/as que quieran formar parte del registro de Abogados de Pequeñas Causas. Quienes deseen participar de esta capacitación deben inscribirse a través de este formulario (19° CAPACITACIÓN EN PROCESOS DE PEQUEÑAS CAUSAS)

Esta capacitación es importante para actualizar la formación de los abogados que integran el registro de abogados de pequeñas causas. Forma parte de la capacitación anual obligatoria, que surgió en 2017 en un convenio que se firmó entre el Colegio de Abogados y la Suprema Corte de Justicia y que será necesaria para poder inscribirse para formar parte del registro de 2026.