Mientras en algunas zonas la dificultad se relaciona con la densidad urbana, en otras responde a precariedad habitacional o a la movilidad de trabajadores migrantes. “Las realidades locales varían significativamente, no solo en razón de la distinta magnitud que el problema exhibe según las regiones geográficas, sino también por cuanto en algunas jurisdicciones la raíz del mismo resulta principalmente de la excesiva concentración urbana y de la consiguiente gran densidad poblacional”, subraya el texto.

En relación con el acceso a la vivienda digna, apunta a crear condiciones efectivas para el goce de este derecho, permitiendo a cada administración adaptar su respuesta a necesidades concretas mediante la definición de sus propias estrategias y acciones. Se refiere a “la creación de centros de inclusión social, el asesoramiento u orientación a las personas carentes de vivienda, programas de intervención integral con equipos sociales y de salud, o cualquier otra solución que las jurisdicciones locales consideren conducentes para el desarrollo humano de las personas objeto de la ley”.