Mientras el gobernador trata de usar la seguridad como bandera de gestión; hay ruidos en la relación entre ese ministerio, el servicio penitenciario y la justicia.

 Se escuchó que la autoridad máxima del servicio, tendría una empresa de seguridad en San Luis, y habría algún manejo de municiones interprovincial que dejaría grandes ganancias.

Ya el año pasado fue tapado un faltante millonario de medicamentos, nadie aclaro, no salió en ningún medio, el expediente se convirtió en un fantasma.

El problema es que la Inspección General de Seguridad, no puede ya controlar, hace tiempo, al servicio penitenciario que tiene conexiones e información que atan de manos al Director Marcelo Puertas.

 Se dice que por miedo.

Por otro lado, el secreto a voces del control del poder ejecutivo sobre el judicial va generando cada vez más ruido transformando a la penitenciaria en una olla a presión. Hay rumores de venta de beneficios como salidas transitorias y libertades condicionales.

 Un caso que fue muy resonante, llama la atención como ejemplo: un tal Rivero, condenado a prisión por un caso de extorsión, en un falso allanamiento fue defendido por un reconocido y joven abogado de la familia radical cercana a Casa de Gobierno. Se trataría de un gendarme retirado que manejaba el contrabando hasta que le resultó más redituable los allanamientos falsos con personal que el reclutaba. Suena como sospechoso que le fue otorgada la libertad condicional cuando los informes daban todos negativos. Estas cosas no pasaban.

 A propósito del caso del concejal ebrio, que el Gobernador salió a pedir que debería renunciar; hace pensar que sus funcionarios le esconden información. Circula un acta de control de alcoholemia de más de 1 % en sangre de un Supremo de la Corte en plena pandemia.

 ¿Estaría al tanto Cornejo de esto cuando opinó sobre este concejal? ¿Doble vara?

Las costuras con las están remendadas las hilachas de la provincia cada vez se notan más...