Los años transcurrieron lentamente, llenos de frustración y dolor. No fue hasta 2010, dos años y medios largos , después del fallo judicial inicial, que Pablo finalmente recibió un indulto. El tribunal de familia levantó la orden de alejamiento, aunque con importantes restricciones en los derechos de visita. Solo se le concedieron dos horas entre semana y dos horas los fines de semana para reconectar con su hijo. Tras dos años y medio de separación agonizantes, estos momentos se sintieron dolorosamente insuficientes.

Durante esas breves visitas, Pablo solía encontrarse en centros comerciales, participando en actividades sencillas que apenas rozaban la superficie de la relación que anhelaba reconstruir. Cada encuentro era agridulce, un recordatorio del tiempo perdido y las profundas cicatrices emocionales que le quedaron. La trayectoria de Pablo subraya las dificultades que muchos enfrentan dentro del sistema de tribunales de familia, en particular los padres que luchan contra los prejuicios sociales y los obstáculos legales. Su incansable búsqueda de los derechos paternos, sumada a su compromiso de mantener a su hijo, refleja el profundo amor y la resiliencia de un padre decidido a superar la adversidad. Al reflexionar sobre la experiencia de Pablo, ésta sirve como un llamado a una mejor comprensión y a reformas para garantizar que se escuchen todas las voces en la búsqueda de la justicia familiar.

En 2011, Pablo experimentó lo que solo puede describirse como un calvario, uno lleno de agitación emocional y acusaciones injustas. Después de lograr un acuerdo en el tribunal que ampliaba sus derechos de visita, la madre de su hijo presentó inesperadamente una falsa acusación de abuso sexual solo dos días después. Este impactante giro de los acontecimientos no solo destrozó el mundo de Pablo, sino que también ensombreció la integridad de las relaciones paternales.

La situación se volvió aún más desconcertante cuando, durante el proceso, se reveló que la acusación provenía de un momento completamente inocuo en un centro comercial. Pablo le había aconsejado a su hijo que se sacudiera la humedad después de orinar, una práctica común por motivos de higiene, que la madre tergiversó para fundamentar sus acusaciones. El propio fiscal expresó su desconcierto por la dicotomía de las acciones de la madre: firmar un acuerdo para ampliar los derechos de visita y, al mismo tiempo, presentar una demanda perjudicial contra Pablo.

A pesar de que el proceso judicial finalmente absolvió a Pablo de toda culpa, evidenciado por la desestimación de los cargos, las cicatrices emocionales persisten. Desafortunadamente, en Mendoza, no existe ningún recurso legal contra quienes hacen acusaciones falsas sin consecuencias, lo que deja a víctimas como Pablo sintiéndose abandonadas por el mismo sistema que debería protegerlas. Aunque decidió no presentar una denuncia formal contra el acusador, la experiencia ha afectado profundamente su relación con su hijo y su bienestar emocional. El caso de Pablo sirve como un conmovedor recordatorio de las vulnerabilidades que enfrentan los padres en disputas por la custodia, particularmente cuando se introducen acusaciones infundadas. Subraya la necesidad de una reforma legal que aborde adecuadamente las acusaciones falsas, asegurando que la justicia no solo se busque, sino que se administre eficazmente. Al navegar por este desgarrador camino, la resiliencia de Pablo brilla, incluso frente a adversidades abrumadoras, recordándonos a todos el profundo impacto que el derecho de familia puede tener en la vida de las personas.

Si bien el tribunal reconoció que las acusaciones eran falsas, persistía una realidad inquietante: la madre del hijo de Pablo, impedía sistemáticamente el contacto entre él, así como con sus abuelos paternos. Con el tiempo, esto llevó a Pablo y a los abuelos, a presentar más de 70 denuncias por obstrucción del derecho de visita. Sorprendentemente, a pesar de esta persistente negación del derecho del padre a interactuar con su hijo, la madre sufrió pocas consecuencias. El sistema legal solo le otorgó una "Probation" en lugar de medidas adecuadas para rectificar la situación.

Es interesante señalar que en las pericias que obran en la causa, el perfil de la madre es de “manipuladora”, con “hostilidad crónica e intensa”, “ve al hijo como un objeto en su disputa con el padre”, “se recomienda tratamiento psiquiátrico”. Por el contrario, el padre siempre ha tenido pericias favorables y ninguna le da un perfil compatible con un abusador. De hecho, su foja de antecedentes está limpia. Nunca en su vida tuvo un incidente penal.

En 2016, Pablo presenta la división de la casa en común, a la cual nunca más pudo regresar desde la exclusión de hogar de 2007. En esa casa, vivía el hermano de la señora. Ellos se habían mudado hacía tiempo a la casa de los abuelos maternos, en un barrio cerrado. La madre impedía sistemáticamente que fueran a tasar la casa para la división.

 A todo esto, luego del divorcio, el papá se volvió a casar y tuvo una hija en 2018.

​​A medida que reconectaban poco a poco, se hizo evidente que el camino que les esperaba requeriría paciencia y comprensión. Las experiencias de años perdidos nunca se pueden recuperar, pero existe el potencial de sanación y crecimiento. Para el hijo de Pablo, tener una figura paterna involucrada activamente en su vida es vital para su desarrollo emocional y bienestar. Del mismo modo, para el padre y los abuelos, cada minuto que pasan con Pablo cuenta para reavivar el amor que se vio injustamente postergado.

La justicia decidió elevar la causa a juicio oral con una nueva denuncia de la ex de Pablo. En el debate no se demostró ningún hecho, por lo cual el tribunal apeló a la figura del “delito continuado” para poder condenar sin probar ningún hecho. La Suprema Corte anuló por unanimidad la causa, diciendo que había que probar al menos algún hecho para poder condenar y romper la presunción de inocencia que garantiza la Constitución, cosa que no había sucedido. Mandó a realizar un nuevo juicio.

En este nuevo proceso, el chico había cumplido 18 años y la defensa del padre, con la certeza de su inocencia, pidió que declarara, porque ya era mayor de edad.  Tocó como fiscal de la causa, uno de los más duros e implacables del Foro, pero también con claridad sobre el deber de objetividad que debe tener el Ministerio Público, que representa a la sociedad toda y no a ninguna de las partes.

En su declaración, el ya mayor de edad, en lugar de dar mayores detalles, que pudieran dar mayor credibilidad a su testimonio, incurrió en contradicciones sustanciales respecto de su anterior declaración.

La historia de Pablo se convierte en un llamado a la reforma del sistema judicial para garantizar que todos los padres, especialmente aquellos enfrentando falsedades, tengan acceso a una representación justa y equitativa. A pesar de los obstáculos y del sufrimiento emocional, la resiliencia de Pablo ilustra la importancia de la figura paterna en el desarrollo de un niño y el deseo de reconstruir la relación con sus seres queridos. Con cada pequeño avance y conexión, hay un camino hacia la sanación, aunque la lucha por la justicia continúa siendo un proceso doloroso y complicado en el contexto de las disputas familiares.

Por ejemplo, dijo que estaba todo el tiempo vendado, cuando en Cámara Gesell nunca había mencionado eso, al contrario, dijo que veía todo lo que ocurría.  Además, contradijo lo que categóricamente había manifestado en Cámara Gesell, respecto que el sexo oral era solo en el baño. Luego se contradijo, diciendo que también era en la habitación. Llamó la atención que desconociera su declaración en un acta de cuando tenía 5 años en donde había dicho que su “papá era bueno, que nunca le había hecho nada malo, pero su mamá le decía que era malo”. También pretendió poner en duda que su voz no era la de los audios. Es decir, tenía la clara intención de mentir para perjudicar al padre y quedar bien con la madre.

La defensa puso como perito de parte al prestigioso psiquiatra Dr. Villapriño, quien afirmó fundadamente que el chico mentía por influencia de su madre.

Cuando estaba por terminar el juicio, después de más de un año de testimoniales. La querella, fuera de toda temporalidad planteó el apartamiento del fiscal, porque sospechaba que no iba a acusar. Claro, el fiscal había cuestionado la pericia y la declaración testimonial, en las cuales se sostenía la causa. La pericia, aplicando técnicas proyectivas, sin rigor científico suficiente para usarse estos casos, sin aplicar técnicas de psicología del testimonio, que exigen entre otras cosas, analizar todas las hipótesis posibles en un caso y no sólo basarse en la denuncia de la progenitora. Sin siquiera analizar los audios que obraban en la causa como prueba de la relación afectuosa entre padre e hijo. Realmente muy escandaloso y preocupante lo sucedido. Lo peor es que a pesar de que la Cámara dijo que el fiscal había actuado con objetividad, el propio fiscal se sintió ofendido y renunció, salvo que el Ministerio Público decidiera que continúe. El Ministerio Público, increíblemente, decidió cambiar de fiscal, poniendo en su lugar a una abanderada del feminismo militante como nueva fiscal. Existe un escrito en la Procuración de parte del fiscal explicando por qué el consideraba que no había motivos para sostener la acusación.

La nueva fiscal, a pesar de no haber participado de la mayor parte del proceso, sostuvo la acusación, a como diera lugar, bajo el lema “yo te creo”, a pesar de no haber podido probar ninguno hecho, sin considerar las contradicciones, recurriendo a la figura del “concurso real en un número indeterminado de hechos”. Esta figura funciona como un ardid para condenar a una persona sin haber probado su culpabilidad en ningún hecho, vulnerando la garantía de presunción de inocencia.

La Cámara, en votación dividida condenó a 13 años de prisión, con el voto de sus dos integrantes varones. La camarista mujer absolvió al acusado, con un examen detallado y circunstanciado de los testimonios y pericias. Los dos jueces varones, desconocieron que en esta misma causa la Suprema Corte había dicho que no se había probado ningún hecho y que la Constitución exigía probar los hechos para poder condenar a alguien. Quizás influyó la presión de los colectivos militantes feministas, que acobardan a jueces y fiscales a aplicar el derecho y prefieren defender sus cargos vitalicios.

La causa está en la Corte nuevamente para su resolución.  Este caso, es una prueba de cómo ha funcionado cierto sector de la justicia. Impunidad total para la que denunció falsamente e impidió deliberadamente por todos los medios el vínculo paterno filial.  Condena para un inocente, que sólo trató de luchar para recuperar a su hijo, que terminó perdiendo para siempre. Un hijo, inducido a mentir por lealtad a su madre, que es con quien se ha criado, en desmedro de su padre, quien, en definitiva, por las constantes interrupciones del vínculo causadas por su madre, no deja de ser un extraño en su vida.

La historia de Pablo se convierte en un llamado a la reforma del sistema judicial para garantizar que todos los padres, especialmente aquellos enfrentando falsedades, tengan acceso a una representación justa y equitativa. A pesar de los obstáculos y del sufrimiento emocional, la resiliencia de Pablo ilustra la importancia de la figura paterna en el desarrollo de un niño y el deseo de reconstruir la relación con sus seres queridos. Con cada pequeño avance y conexión, hay un camino hacia la sanación, aunque la lucha por la justicia continúa siendo un proceso doloroso y complicado en el contexto de las disputas familiares.

No hay un solo Pablo, no es el primero, tampoco el último, estas letras surgidas de todo  el material probatorio que poseemos solo buscan menos Pablos y más Justicia verdadera.