Ante esta situación, primero decidimos solicitarle a Priore que el Senado cumpliera con la Ley Provincial N.º 9070, la cual exige la publicación activa de información pública sobre cómo se manejan los fondos, entre otras. Nuestro pedido fue recibido con respuestas evasivas y excusas que contravienen la normativa vigente. Esto nos llevó a desarrollar nuestra propia investigación, durante la cual identificamos patrones de discrecionalidad y secretismo que comprometen los principios fundamentales de la gestión pública. Entre las irregularidades detectadas se encuentran contratos millonarios otorgados a sectores aliados, personal contratado sin funciones justificadas y asignaciones desproporcionadas respecto a la oposición. Además, constatamos un incumplimiento reiterado e intencional del derecho al acceso a la información pública, tanto ante pedidos de información de nosotros como de legisladores de la oposición, violando principios democráticos esenciales. Con base en las pruebas recopiladas que incluyen documentos oficiales y testimonios de funcionarios relevantes, hace un mes decidimos presentar una denuncia penal contra las máximas autoridades del Senado, encabezadas por la vicegobernadora Hebe Casado.