>El gasto público en febrero mostró otro salto interanual por la baja base de comparación con el 2024 y porque algunos componentes tienen actualizaciones atadas a la inflación, lo que los hace mucho más inflexibles, como las jubilaciones y los programas sociales más relevantes. Por esa razón, el Gobierno profundizó el ajuste en subsidios, gasto en salarios públicos y obra pública, que prácticamente dejó de tener peso en el presupuesto.

Parte de la explicación es que los primeros meses de 2024 fueron los de mayor licuación de gasto por la escalada inflacionaria tras la devaluación de diciembre de 2023. Una vez que el Gobierno estableció por decreto una fórmula para que los haberes previsionales y la Asignación Universal por Hijo (AUH) se actualicen por inflación, al ritmo de gasto empezó a caer a un ritmo menor.

Respecto al gasto en haberes, la consultora explicó que creció 38% interanual en febrero, lo que implicaría, desde un año atrás, una suba del haber mínimo en 54,8% real. Sin embargo, el efecto “base de comparación” es claro, ya que los refuerzos previsionales perdieron 23,7% de su poder adquisitivo en el último año, midió la consultora, que calculó que, sin bono, el haber mínimo cubre 110% de la canasta básica total para un adulto mayor y que con bono, la cobertura sube a 139 por ciento. Si la inflación se desacelera, el gasto en jubilaciones y pensiones podría aumentar 12,9% anual. Si la inflación se acelera, el incremento sería menor, del 6,6% interanual. Esto es así porque existe un rezago: las jubilaciones aumentan según el número de inflación de dos meses antes.

El Gobierno busca sostener el ajuste fiscal este año para asegurarse equilibrio en las cuentas públicas. De todas formas, en 2024 hubo ingresos extraordinarios que este año ya no estarán. Pero si la economía creciera ese 5% que esperan el Gobierno y el FMI, los ingresos tributarios asociados a la actividad también deberían mejorar.

Una primera muestra de un efecto atenuador de ese tipo podría verse en el caso del recorte de alícuotas de derechos de exportación. El costo fiscal estimado en los despachos oficiales ronda los USD 800 millones, aunque algunas proyecciones privadas lo elevan a más de USD 1.000 millones, según el grado de aceleración de liquidaciones.

En términos de gasto, SBS advirtió que la baja de la inflación le quitará “batería” a la “licuadora” por lo que el Gobierno debería apuntar a otro tipo de medidas y más “motosierra”. Según la consultor financiera, “todavía hay espacio para reducciones en gasto salarial y subsidios económicos”.

Ese punto de partida fiscal de este año estaría marcado por recaudación que no habrá en 2025 como el impuesto PAIS, que se extinguió a fines de 2024, y medidas incluidas en el paquete fiscal, como el blanqueo, la moratoria y el anticipo de Bienes Personales. Por esa vía suman 1,5% del PBI, y por gastos con aumentos automáticos. como jubilaciones y Asignación Universal por Hijo, habrá otro 0,3% del PBI”.

Lo que suceda con el gasto y el perfil del ajuste de las cuentas públicas para asegurar el superávit es un dato decisivo en medio de las negociaciones aún en marcha con el FMI para un acuerdo nuevo. El Gobierno suele usar como carta a favor en ese ida y vuelta que el compromiso fiscal fue tan marcado en 2024 que el equipo económico mostró sobrecumplimiento de las metas de superávit.

“Además de las medidas fiscales de alta calidad (mejora de la progresividad del impuesto a la renta personal y reducción de los subsidios), una parte considerable de la recuperación fiscal inicial se logró mediante profundos recortes al gasto discrecional, incluida la inversión pública y los salarios, así como medidas de ingresos temporales o puntuales”, en referencia al impuesto PAIS o las incluidas en el paquete fiscal.

“A medida que se afiance la estabilidad macroeconómica, las políticas deberán orientarse hacia lograr que los avances fiscales sean más duraderos abordando las rigideces fiscales estructurales: haciendo que la recuperación de costos de las tarifas de energía sea automática, mejorando la sostenibilidad del sistema de pensiones y la masa salarial pública, reduciendo la naturaleza distorsionante y la complejidad del sistema tributario y mejorando la flexibilidad en las relaciones fiscales con las provincias”, consideró el organismo.