>El gobierno nacional trabaja en una nueva ley migratoria y espera que el Congreso la apruebe antes de que termine este 2025. El presidente Javier Milei la mencionó con énfasis en el paquete de reformas que tiene pensadas para este período de su gestión cuando inauguró el sábado el 143° período de sesiones ordinarias. Entre sus principales puntos figuran el cobro de aranceles para los extranjeros no residentes en servicios como la salud y la educación, mayor celeridad en la deportación de los foráneos que estén involucrados en hechos delictivos, más requisitos para obtener la radicación en territorio argentino y mejores controles fronterizos.

En el capítulo referido a la Justicia de su discurso del sábado por la noche en el Parlamento y en medio del cruce verbal que tuvo con el diputado del bloque Democracia por Siempre, Facundo Manes, Milei sostuvo que “si queremos ser un país serio, también debemos llevar a cabo una reforma migratoria”.

Este último punto, entre las modificaciones que se introducirían, va en sintonía con las que ya se pusieron en marcha en varias provincias durante 2024. Salta, Mendoza, Santa Cruz y Jujuy impusieron el cobro de la atención a la salud, sobre todo para internación y tratamientos especializados, lo que derivó en una disminución de los llamados “tours sanitarios”. Con esa medida en el distrito norteño, según difundieron sus autoridades, “el Estado provincial se ahorra alrededor de $60 millones solo en un hospital, lo cual representa casi el 50% del presupuesto total que recibe por ejemplo el hospital de Santa Victoria Este”.

Otras provincias que anunciaron que adoptarían una posición similar fueron Neuquén, Corrientes, Entre Ríos y Córdoba.

“También debemos permitir a las universidades cobrarles a quienes no son residentes permanentes; así como es necesario endurecer severamente las condiciones de deportación para los extranjeros que delinquen. Es lo que hace cualquier país que se hace valer. Y si esto necesita algún tipo de justificación, es porque a lo largo del último siglo se ha vuelto costumbre la falta de respeto al pagador de impuestos”, expresó, además, el Presidente en su discurso.

El control hacia los inmigrantes ilegales también fue una de las primeras acciones del gobierno de Donald Trump cuando asumió nuevamente como presidente de los Estados Unidos. Alguna de las disposiciones que adoptó el líder republicano podrían tomarse como modelo a seguir, según dejó trascender una fuente oficial.

Uno de los artículos que seguramente será modificado será el 6 de la actual ley 25.871 que reza que “el Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social”.

Y agregó que “si a un delincuente se lo atrapa en flagrancia, o sea se lo atrapa cometiendo el delito o si se lo detiene por violentar el sistema democrático, atacando las instituciones, por ejemplo, será expulsado y se le prohibirá su reingreso al país”.

“Además, se van a quedar -del otro lado de la frontera- quienes intenten entrar con documentación apócrifa o que se sospeche que el motivo de su ingreso es diferente al que –efectivamente– manifiestan, cuando pasan por o hacen el trámite migratorio”, añadió en aquella oportunidad el funcionario.