>Mientras avanzan las discusiones por los proyectos pendientes en el Congreso en las sesiones extraordinarias, el Gobierno ya prepara algunas de las iniciativas que enviará para su tratamiento durante el próximo periodo de ordinarias, una de las cuales es la modificación del Código Penal para endurecer las sentencias para determinados delitos.

A pesar de que en esta oportunidad esa fecha caerá un sábado, la cúpula libertaria no tiene previsto mover el acto para otro día y lo hará en pleno fin de semana y por la noche, con transmisión por cadena nacional.

Este cuerpo está integrado, además de por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, por los jueces Mariano Borinsky (titular de la Cámara Federal de Casación Penal), María Eugenia Capuchetti, Ricardo Ángel Basílico y Julio César Báez.

El grupo interdisciplinario se completa con los juristas Carlos Alberto Manfroni, Horacio Jaime Romero Villanueva, Fernando Oscar Soto, Valeria Onetto y Mercedes Rodríguez Goyena.

El camarista Borinsky, uno de los principales autores del texto, visitó este martes por la tarde a Cúneo Libarona en su oficina para terminar de cerrar algunos detalles antes de la presentación formal.

Según anticiparon personas al tanto de esta propuesta, uno de los cambios que se introducirán estará vinculado con la cadena perpetua, que actualmente fija una pena máxima de 35 años, excepto casos muy específicos y aislados.

Actualmente, el artículo 13 del Título II del Código Penal establece que “el condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiere cumplido treinta y cinco años de condena”, podrá obtener la libertad “por resolución judicial”, previo informe de la dirección del establecimiento y de peritos que “pronostique en forma individualizada y favorable su reinserción social”.

“Nosotros queremos, no solo que todas las penas sean más altas, sino que la perpetua sea, efectivamente, perpetua, para toda la vida”, explicó uno de los funcionarios que están elaborando el proyecto.

Para las violaciones, por ejemplo, lo que se está estudiando es incrementar el castigo, que hasta el momento está fijado de seis a quince años, que se pueden extender hasta 20 ante diferentes agravantes, como daño en la salud física o mental de la víctima, o cuando el atacante tuviera conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual.

Las autoridades nacionales argumentan que esta decisión de aumentar las penas se basa en la convicción de que “además de funcionar como método punitivo, sirven como una suerte de disuasión del delito”.

De hecho, el propio presidente Javier Milei suele repetir que durante su administración se va a aplicar una doctrina de seguridad más dura, bajo el concepto de “el que las hace, las paga”.

El mandatario se basa, entre otras cosas, en el libro “Crimen y castigo”, del autor estadounidense Gary Becker, en el que abordó el problema de la inseguridad desde un punto de vista económico.

Ya en mayo pasado, la funcionaria anunció, junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, la creación de dos prisiones privadas en la ciudad de Buenos Aires, aunque por ahora no fueron inauguradas.