Acudo a usted, tal como he procedido ante otros medios, movido por la desesperación que nos provoca la situación de mi hijo, Gerónimo, encarcelado desde hace varios meses en el penal de San Felipe.

Nos atrevemos a pedirle que publique esta carta, sabiendo que en ese medio han abordado temas referidos a las detenciones injustas, a las falsas denuncias, y a otros casos sabiendo respetar tanto a las presuntas víctimas como a los denunciados. Confiamos que esta vez puedan darle visibilidad a la dramática situación que padecemos, porque como debe saber, una injusticia no sólo daña a quien está directamente afectado sino que involucra a toda su familia, amigos, afectos y relaciones

La abrumadora cantidad de notas y artículos publicados en otros medios, no sólo en Mendoza sino en algunos de alcance nacional, le ha provocado a mi Hijo, a su honor, a su integridad moral, a su salud física y psíquica un daño que -ojalá- cuando se sepa la verdad pueda revertirse. 

Más allá de tecnicismos jurídicos que no domino, sí puedo asegurar que se ha violado lo más elemental, la presunción de inocencia. 

En diarios digitales , también en televisión y en un medio gráfico, se ha hecho mención detallada de su identidad, lesionando además de su prestigio y buen nombre, su carrera, su profesionalismo y su economía, sin que exista una sóla prueba de la imputación por la que está, además de privado de su libertad, encerrado en una cárcel que no cumple con ninguno de los preceptos para la cual fue creada. Es un castigo en sí que se intensifica en los casos de personas inocentes.

Algunos datos puedo aportar para que se entienda la desesperación que atravesamos.

Luego de una denuncia, que omito los datos para que no se pueda inferir quienes son las supuestas víctimas, mi hijo fue imputado. Al momento de enterarse sobre esa imputación estaba afuera de la provincia asistiendo a un encuentro de capacitación. En vez de continuar con su capacitación, o acaso, en vez de profugarse, algo que le hubiese resultado rápido y sencillo, convencido de lo falaz de la acusación decide presentarse voluntariamente ante el Ministerio Público Fiscal, para que, cuanto antes, se hicieran las actuaciones para aclarar la situación.

A pesar de esa conducta de innegable apego a la ley, es tratado como un delincuente y lo encierran en el penal.

Recién en diciembre logramos que se le otorgue lo que denominan "beneficio" de prisión domiciliaria. Una morigeración mientras sigue el proceso de investigación para determinar si hubo o no delito y si es él responsable, de existir tal crimen. 

Ese mismo beneficio que los franceses de la selección de rugby obtuvieron en 3 días, para que se le otorgara a Gerónimo demandó meses. 

En diciembre del año pasado, por fin, determinan la prisión domiciliaria. El domicilio admitido para que permaneciera privado de su libertad, pero afuera del penal (superpoblado), fue mi casa. Un perímetro pequeño, espacios reducidos pero siempre mejor que estar hacinado y lejos de los afectos. Estuvo tres meses conmigo, que a la vez debí asumir la responsabilidad como "guardador". Así pudo continuar con parte de su trabajo, sin desplazarse más que unos pocos metros y jamás hubo alguna inconducta y mucho menos alejamiento del perímetro permitido, controlado celosamente mediante una tobillera.

En marzo de este año, súbitamente y sin que pudiésemos comprender el motivo, ya que mantuvo un comportamiento riguroso y no hubo ningún factor que modificara algo de lo pactado, anulan el beneficio y lo vuelven a encerrar. Tampoco hubo mejoras en el penal ni menos población, que pudiera justificar el retroceso. Las incomprensibles explicaciones fueron que hubo diferencias (interna) entre la Jueza Nuñez (*)1, quien otorgó la morigeración, y la Jueza Lecek,(*)1 que anula el beneficio y objeta los argumentos de su colega. Para que se entienda: lo que para una jueza son motivos suficientes para otorgar la posibilidad de esperar la continuidad del proceso privado de la libertad, pero en una casa (las garantías ofrecidas), para la otra jueza, esas mismas condiciones eran las que impedían dicho beneficio. Las objeciones de la jueza Lecek constituyen una hipótesis incumplida. Durante los tres meses de prisión domiciliaria, no hubo ningún signo que ratificara las supuestas previsiones de la jueza que prefirió volver a encerrar a mi hijo en la cárcel. 

El temor que no sólo me afecta en lo personal, sino que invade a toda nuestra familia, es la animadversión que notamos en la decisión de la Jueza Lecek. Al argumentar durante la audiencia la negación del beneficio de la prisión domiciliaria, aludió a que no era oportuna la morigeración porque faltaba escaso tiempo para que se celebrara el "juicio" , adelantando algo que sólo ella pudo saber. La instancia que atraviesa el proceso no indica ni sugiere que la causa vaya a elevarse a juicio ¿cómo sabe ella que habrá juicio?

Sabrá comprender usted y los lectores que el temor que nos embarga tiene sólidos motivos. Según supimos, una de las familias que inicia la demanda tiene (o ha tenido) vinculación y gran influencia en al menos dos conglomerados de medios periodísticos, esos que publican con asiduidad datos personales de mi hijo, y dañan la imagen de la institución para la cual trabajaba. No han podido "filtrar" cuestiones puntuales de la causa por la inexistencia de delito.  Asimismo la presión que ejercen las insinuaciones que publican y las elucubraciones que redactan, al parecer, les funciona, ya que mi Hijo permanece en la prisión, mientras otros, condenados inclusive por delitos de penas superiores, suelen gozar de libertades

Probablemente se peguntarán ¿por qué una carta a los medios? Con el fin de impedir que continuaran difamando, los abogados que defienden a Gerónimo presentaron una queja de carácter formal ante el Ministerio Público Fiscal. No sólo no hubo respuesta sino que se intensificaron las publicaciones agraviantes, casi como respuesta directa y demostración de la vinculación con medios. En audiencia, la misma jueza Lecek calificó de "poco probable" que esas publicaciones produjesen "agravio irreparable", soslayando el daño que ya venimos padeciendo.

Queremos confiar en la justicia, no nos dejan

Otro dato que conspira contra la confianza que deberíamos tener en la justicia: la madre de unos de los denunciantes trabaja -o presta servicios rentados- para el EDEAAS, equipo de abordaje de abusos sexuales desde un programa que se llama Cuenta Conmigo, en donde crían y adiestran perros para acompañar a chicas y chicos víctimas de abuso, una incompatibilidad que insiste en negar el propio Ministerio.

La situación se nos ha tornado desesperante y es por eso que le solicitamos hacer pública nuestra experiencia, para que además de intentar defender a mi Hijo de los agravios e iniquidades, otros no deban atravesar por circunstancias parecidas. También elevamos nuestro petitorio a la doctora Romina Cucchi, Subdirectora de Ejecución Penal en Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia.

Rubén O Peralta.

(*) 1- Jueza Dra. Mirian Nuñez Caballero. Tribunal Penal Colegiado N°2

(*)2- Jueza Dra. Nancy Lecek Suárez Tribunal Penal Colegiado N°2

Fuente Diario Portada.