La acción judicial, que incluye acusaciones por fraude contra la administración pública, cohecho y abuso de autoridad, está respaldada por declaraciones públicas del propio exmandatario, quien admitió presiones de algunos medios de comunicación para obtener beneficios económicos, pero también de una profunda investigación sobre el tema que vienen llevando a cabo desde hace meses.

En una reciente entrevista, Suárez reconoció que “si no ponés tanta pauta, te matan”, refiriéndose a las presiones ejercidas por ciertos medios para recibir publicidad oficial. Según los denunciantes, quienes son defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción, esta práctica no solo configura delitos graves, sino que refleja un modelo de manejo arbitrario de recursos públicos que “traiciona la confianza de los mendocinos”.

La denuncia enfatiza que más de $12 mil millones fueron destinados de manera discrecional a publicidad durante la gestión de Suárez, una cifra que consideran desproporcionada, alejada de las verdaderas necesidades de la provincia y en completa falta de transparencia.

En el documento judicial, se solicita que Suárez sea citado a declarar como testigo clave, ya que sus afirmaciones públicas no solo describen este sistema, sino que lo colocan como una figura central en su funcionamiento. También se pide investigar si estas prácticas se han extendido al actual gobierno de Alfredo Cornejo, puesto que, según los denunciantes, el problema persiste.

El manejo de la pauta, explican Fernández y Neirotti, “no es un tema menor”. Argumentan que estos fondos podrían haberse utilizado para mejorar salarios en áreas críticas como salud y educación, o para construir infraestructura básica. En cambio, aseguran que el dinero fue entregado a medios afines al discurso oficialista, marginando a quienes mantenían una postura crítica hacia el gobierno. “La pauta oficial se ha convertido en una herramienta de control político y de censura indirecta, situación que constituye una violación a la libertad de expresión, además de incurrir en delitos de corrupción”, destacan en la denuncia.

La presentación se realizó hace un mes, pero recién hoy los denunciantes decidieron darle estado público para no afectar la investigación penal que tiene varios avances. Resaltan que no es “una simple denuncia”, sino que se han presentado como querellantes, lo que les permite impulsar la investigación solicitando la producción de pruebas, aportar las que vienen recabando desde hace meses y evitar que sea “encajonada”. El abogado que los patrocina es el Dr. Gabriel Sottile.

Fernández y Neirotti, remarcan que el acceso a la información sobre estos gastos de la pauta ha sido deliberadamente limitado. A pesar de la legislación provincial que exige transparencia, como la Ley N° 6496 sobre Administración de Pauta Oficial y la Ley N° 9070 de Acceso a la Información Pública, afirman que el gobierno ha evitado proporcionar datos claros sobre los destinatarios y criterios de asignación de la pauta publicitaria.

“Estamos ante un oscurantismo institucional que beneficia a unos pocos en detrimento del interés público. El gobierno incumple con la ley de manera abierta y flagrante. No da información de manera activa, tal como está obligado, pero tampoco lo hace a través de los pedidos de informes que les realizamos los ciudadanos y, aún, los legisladores”, sostienen los impulsores.

Los denunciantes consideran que este caso podría sentar un precedente importante, no solo en Mendoza, sino en toda Argentina. Si la justicia avanza, explican, podría desmantelarse un mecanismo de corrupción que condiciona tanto la administración pública como la independencia de los medios de comunicación. “La sociedad mendocina tiene derecho a saber cómo se manejan sus recursos y a exigir que quienes han abusado de su poder rindan cuentas ante la ley”, concluyen.

Con esta acción, Fernández y Neirotti no solo buscan justicia, sino también un cambio estructural que garantice que los fondos públicos sean administrados de forma transparente y con criterios equitativos y que se evite la censura y la imposición de un discurso oficialista. La denuncia es también un llamado a otros ciudadanos y organizaciones para que denuncien estas prácticas y promuevan una gestión más ética y responsable de los recursos públicos y del gobierno en general.

Adjuntamos todas la información detallada en los casos que se ha podido verificar con nombre y apellido o razones sociales, aclarando que el Gobierno  esconde desde la Contaduría General de la Provincia más del 70% de los verdaderos nombres a los que destina millones de pesos.