Más tarde se filtraron audios que demostraban que lo de Soneira era cierto: una consejera, María José Hernández, representante de la Federación de Colegios de Abogados y Procuradores de la provincia, admitía la manipulación en varios concursos.

Por ese motivo, la consejera había conseguido que la designaran delegada de Asesoría de Gobierno de la provincia de Mendoza en San Rafael.

Explicó La Interna:

En otras palabras, un funcionario del gobierno provincial había intercambiado un cargo político para influir en las decisiones de la Justicia.

Anatomía del poder

El Consejo de la Magistratura tiene 7 consejeros:

• 2 diputados (bipartidismo),
• 1 ministro de la Corte Suprema de Justicia mendocina,
• 2 abogados electos por la Federación de Colegios de Abogados de Mendoza,
• 1 representante del Ejecutivo y
• 1 por la Asociación de Magistrados.

Soneira habría participado de una operación mayor: revocar a toda la Comisión del Fuero Penal del Consejo de la Magistratura.

El abogado denunciante y miembro del colegio Leonardo Pasccon, que representa a la Federación de Abogados por la 1ra. Circunscripción Judicial, señaló los aprietes que recibieron los representantes de la Federación en el Consejo.

El propio Pasccon afirmó haber sido extorsionado por Soneira: ceder o le promoverían una causa por maltrato.

Soniera responde al subsecretario de Justicia, Marcelo D´Agostino. En castellano: Soniera haría la 'tarea no deseada' para 'el Cerebro'.

Irrefutables

La web La Interna afirma haber accedido al acta del Consejo de la Magistratura en el concurso de juez penal de Tunuyán; y al concurso siguiente, de Juez Penal de San Rafael.

"En dicha acta se ve de manera explícita, en el margen derecho, el voto de cada uno de los representantes denunciados como parte de la maniobra (los 2 miembros de la Federación, el subsecretario de Justicia, la presidente del Consejo que es la representante de la Corte y magistrada nombrada por esta gestión, a pesar de no reunir los requisitos constitucionales) y el representante de la Legislatura por el oficialismo. Al candidato pedido por el acuerdo político que maneja el subsecretario de Justicia, todos le dan 6 puntos. A los candidatos mejor posicionados en el orden que traían por antecedentes (ver margen inferior izquierdo del documento) todos le dan 1 punto. Es decir, perjudicaban a los que llegaban con mejores antecedentes para subir a los indicados por ellos.

"La misma situación se dio en el concurso siguiente que fue a Juez Penal de San Rafael. Ahí también es elegido el postulante acordado por el Ejecutivo. Surge en la causa de los chats intercambiados entre la misma Hernández y los funcionarios. La maniobra se instrumentó a través del Director de Personas Jurídicas y máximo referente del Colegio de Abogados de Mendoza, quien a su vez depende del subsecretario de Justicia. Mientras que éste se encuentra postulando para ser procurador adjunto de la provincia y el subsecretario quedarse con la Procuración."

Fuente urgente 24.