Lunes 4 de Marzo de 2024

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OPINIÓN

23 de octubre de 2023

Hecha la ley hecha la trampa.

Los tres nuevos proyectos megamineros que en Malargüe pretenden saltarse la 7722.

Antes de dejar su mandato, Suarez pretende dejarle a Cornejo un trabajo sucio listo: la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de tres proyectos megamineros en Malargue. Se trata de los yacimientos La Adriana, El Burrero y las Choicas, a pocos kilómetros de Las Leñas. A diferencia de Cerro Amarillo y Hierro Indio, cuyos especuladores tienen que buscar socios, estos tres proyectos representan un riesgo concreto en el corto plazo, ya que la empresa, Geometales, asociada con capitales chinos, sí tiene con qué. 
Esta empresa ya cuenta con un historial de contaminación en Mendoza. Allá por marzo del 2008, durante la gestión de Celso Jaque, pertenecía a Franco Macri. Fue multada con el irrisorio monto de $ 154.132, por el uso clandestino del agua del arroyo Las Choicas. Luego pasó a manos del primo Ángelo Calcaterra, quien a su vez la vendió, no sabemos si con libre deuda, a Marcelo Mindlin, su actual dueño. 
"No se ha detectado contaminación de ningún tipo, pero sí incumplimiento de los procesos formales", declaró la Secretaría de Medio Ambiente, en ese entonces a cargo de Guillermo Carmona. Quienes sí detectaron la contaminación fueron los pescadores, que dieron cuenta de una gran mortandad de truchas en Las Choicas, de lo que se deduce que, además del uso clandestino del agua y el descuido de las formas,  sí hubo vertido de efluentes.
Lobo va, lobo viene, cambian los venenos y el valor de la moneda, pero el resultado es lo mismo de siempre. Vulnerado el espíritu de la ley 7722, al excluir de su constitucionalísimo alcance la frase "y otras sustancias tóxicas similares", con otros venenos nos vienen.  
No sería tan difícil respetar el espíritu de la 7722, si simplemente se remitiera  a los anexos I y II de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, tal como hace su hermana ley cordobesa. Ahí están consignadas y catalogadas todas las sustancias tóxicas según su peligrosidad. Pero quien hace la vista gorda ante una mortandad de truchas, bien puede saltarse una ley provincial, y una nacional, ya que estamos. Tampoco parece haber voluntad política como para tener en cuenta los prontuarios de delitos ambientales de las empresas que dejan entrar, del otro lado del mostrador. 
Por todo eso, quedará una vez más en manos del pueblo la defensa de la ley, el agua y el territorio.  
Por Eugenia Segura.

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