Argentina no puede debatir seriamente una política de “déficit cero” mientras la estructura política siga aumentando sus gastos sin aceptar ajustes comparables. Las legislaturas a nivel nacional, provincial y municipal representan un costo significativo para la sociedad, especialmente si se suman sus presupuestos oficiales a los numerosos puestos, oficinas, asesores, secretarías, departamentos administrativos, conductores, personal de mantenimiento y demás funciones vinculadas al sistema político.

Al mismo tiempo, se les pide repetidamente a los ciudadanos, empleados públicos, jubilados, pequeños empresarios y trabajadores que hagan sacrificios. Los salarios pierden poder adquisitivo, los servicios se deterioran, los impuestos aumentan y el empleo se vuelve más incierto. Sin embargo, la corporación política parece estar protegida de las mismas medidas de austeridad impuestas al resto de la sociedad. Este doble rasero genera frustración y debilita la confianza en las instituciones democráticas.

La respuesta, sin embargo, no puede ser la violencia ni la destrucción institucional. La violencia solo beneficia a quienes buscan el desorden, la manipulación o excusas para restringir las libertades democráticas. La respuesta necesaria es una revolución democrática pacífica: ciudadanos organizados que exijan transparencia, rendición de cuentas, eficiencia e igualdad ante la ley.

Esta revolución puede comenzar mediante acciones legales y cívicas: revisar públicamente los presupuestos legislativos, solicitar acceso a la información, apoyar el periodismo independiente, participar en organizaciones vecinales, asistir a audiencias públicas, contactar a los representantes, promover peticiones y votar con conocimiento de causa. Los ciudadanos también pueden exigir límites a los cargos políticos innecesarios, la publicación de todos los gastos legislativos, la reducción de privilegios, la contratación basada en el mérito y evaluaciones de desempeño claras para las instituciones públicas.

La clase política debe comprender que los ciudadanos no son una audiencia pasiva, un rebaño electoral ni una fuente inagotable de financiación. Son los verdaderos dueños del Estado y quienes lo financian. Cuando la sociedad se informa, se organiza y se vuelve persistente, los políticos pueden descubrir que pueden perder lo que más les importa: sus votantes, su legitimidad y su poder.

Un sistema democrático no requiere obediencia ciega; requiere una supervisión cívica permanente. Los ciudadanos no deben esperar a que estallen los estallidos sociales espontáneos ni permitir que las demandas legítimas sean manipuladas por intereses partidistas. Deben transformar la insatisfacción en participación ordenada y presión pública.

El objetivo no es eliminar la política, sino restaurar su propósito: servir a la sociedad en lugar de sostener a una corporación privilegiada. Argentina puede exigir una estructura política más modesta, transparente y responsable sin violencia. El mensaje más contundente que la ciudadanía puede transmitir es simple: no habrá cheques en blanco, ni privilegios intocables, ni poder político sin rendición de cuentas.