El presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay Cueli, presentó este lunes ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura provincial el presupuesto solicitado para el funcionamiento de las dependencias del Poder Judicial durante 2027, que asciende a $233.707.859.019. Garay Cueli expuso la pauta acompañado por su par de Corte, Norma Llatser y el Administrador General, Enzo Rizzo.

Ante Diputados y Senadores que integran la comisión, Garay Cueli expuso los principales lineamientos de la pauta presupuestaria, que contempla inversiones en infraestructura edilicia, tecnología y seguridad informática, además de una revisión de los procesos de trabajo y de los roles del personal judicial.

Durante su exposición, el presidente de la Suprema Corte destacó que la planificación para el próximo ejercicio se estructura en torno a tres ejes: infraestructura edilicia, tecnología y seguridad informática, y reingeniería de procesos.

Nuevas sedes y obras en distintos departamentos

En materia de infraestructura, el presupuesto prevé una inversión de $5.922 millones. Entre los proyectos mencionados se encuentran la puesta en funcionamiento del Centro Cívico de Valle de UCO, ubicado en Tunuyán, iniciativas edilicias en General Alvear para un Polo Judicial, la construcción de una sede para el Fuero Penal Juvenil en la Ciudad de Mendoza (en Calle Chile), la remodelación de los juzgados de Familia de Maipú y la proyección de un nuevo Polo Judicial en Lavalle.

“Este presupuesto tiene tres ejes centrales. El primero es la infraestructura edilicia. De hecho, vamos a inaugurar el próximo 17 de diciembre el nuevo Polo Judicial de Valle de UCO, emplazado en Tunuyán, una obra de más de 5.000 m². También vamos a trabajar en proyectos en General Alvear y proyectamos el nuevo Fuero Penal Juvenil en el edificio que tenemos en calle Chile 1342”, explicó Garay Cueli.

En relación con este último proyecto, señaló que el objetivo es contar con un espacio adecuado para la especialidad, ya que actualmente el Fuero Penal Juvenil comparte sede con el Fuero de Familia, en Mitre y Montevideo. “La idea es que el Fuero de Familia funcione íntegramente en esa sede y que ambos fueros funcionen de manera diferenciada”, agregó.

El plan de infraestructura incluye, además, la remodelación de los Tribunales de Gestión Judicial Asociada en el Fuero Civil que funcionan en el Palacio de Justicia de la Primera Circunscripción Judicial y la renovación de todo el sistema de ascensores de este mismo edificio.

Tecnología y ciberseguridad

El segundo eje de la planificación está vinculado con el desarrollo tecnológico y la seguridad informática. En este sentido, el presidente de la Suprema Corte destacó la necesidad de destinar recursos a la protección de los sistemas judiciales, dada la creciente digitalización de los procesos y servicios.

“Claramente, cuando tenemos un Poder Judicial que está vinculado en un 95 % con sistemas que funcionan en línea, la ciberseguridad se torna un tema central. Realizamos auditorías internas que nos permitieron detectar cuáles son los puntos débiles, por lo que necesitamos asignar recursos a esta problemática para evitar ataques”, sostuvo Garay Cueli.

En materia de tecnología, también destacó el impacto de las herramientas digitales en la optimización de los recursos. Como ejemplo, mencionó que la implementación de tecnología en los procesos vinculados con el beneficio de litigar sin gastos permitió optimizar 8.624 horas de trabajo.

Asimismo, indicó que durante 2026 se ejecutaron $1.623 millones en infraestructura informática y tecnología, pese a que no se habían asignado recursos específicos para ese fin en el presupuesto de ese ejercicio.

Otro de los desarrollos en marcha es un sistema de gestión y agendamiento de audiencias que permitirá avanzar en la publicidad de los actos judiciales. “Buscamos que aquellas que sean públicas puedan visualizarse en tiempo real a través de un enlace. Esto nos va a permitir ganar en términos de transparencia y la ciudadanía podrá ver cómo es el trabajo que hacen nuestros magistrados”, explicó el presidente del máximo tribunal de Justicia de Mendoza.

Revisión de procesos y nuevos roles para el personal

El tercer eje de la pauta presupuestaria contempla una reingeniería de los procesos de trabajo en los distintos fueros, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del servicio de Justicia y adecuar la organización del personal a las nuevas herramientas tecnológicas.

“En materia de capital humano, estamos revisando nuevos roles para todo nuestro personal. La implementación de nuevas tecnologías nos permitió automatizar procesos y liberar horas de trabajo. Cada vez necesitamos personal más calificado, que pueda, por ejemplo, proveer escritos”, señaló el Garay Cueli.

En esa línea, remarcó la importancia de revisar las funciones y responsabilidades de los equipos de trabajo a partir de los cambios introducidos por la digitalización la mayoría de los procesos.

“Tenemos que sentarnos a discutir los nuevos roles para nuestros empleados, tomando en cuenta que la tecnología aplicada nos permitió optimizar recursos y ahorrar horas de trabajo”, afirmó.

Garay Cueli también planteó la necesidad de revisar los códigos procesales que fueron modificados en 2017, con el propósito de analizar el funcionamiento de los procedimientos y evaluar posibles mejoras.

“Estamos en una senda en la que la política pública está vinculada a estos tres ejes. Es momento de revisar todos los códigos procesales que se cambiaron en 2017. Es un buen momento para sentarnos a rediscutir estos procesos”, expresó.

Los principales indicadores

La pauta presupuestaria presentada ante la Legislatura se complementa con indicadores vinculados con la infraestructura, la incorporación de tecnología y la evolución de los recursos humanos del Poder Judicial.

Entre los datos destacados durante la presentación se encuentran:

• $233.707.859.019: monto total solicitado para el funcionamiento del Poder Judicial durante 2027.
• $5.922 millones: inversión proyectada en infraestructura edilicia.
• $1.623 millones: ejecución registrada en infraestructura informática y tecnología durante 2026, pese a que no se habían previsto recursos específicos en el presupuesto para ese concepto.
• 624 horas de trabajo optimizadas: resultado informado a partir de la aplicación de tecnología a los procesos vinculados con el beneficio de litigar sin gastos.
• 3,25 %: mejora informada en el impacto de la partida presupuestaria destinada a la planta de personal durante el período 2018 (93.25%) – 2027 (90%).