La ex obra social de las Fuerzas Armadas (IOSFA, reconvertida parcialmente en OSFA) atraviesa una crisis institucional, financiera y sanitaria terminal, caracterizada por una deuda multimillonaria, cortes totales de servicios médicos y graves denuncias penales por vaciamiento patrimonial.

Los puntos centrales de la situación actual contemplan:

1. Despido del liquidador y caos administrativo

El ministro de Defensa dispuso desplazar al coronel mayor retirado Ariel Guzmán, quien se desempeñaba como administrador y liquidador de la entidad. Guzmán había sido asignado para liderar la disolución del organismo, pero fue removido tras acumular severas fallas financieras, patrimoniales y denuncias de soberbia en su gestión, dejando la transición en una profunda incertidumbre.

2. Disolución del organismo y deuda colosal

A principios de año, el Gobierno nacional disolvió la estructura unificada de IOSFA, dividiéndola en dos entidades:

• OSFA (Obra Social de las Fuerzas Armadas), bajo la órbita de Defensa.

• OSFFESEG (Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad), bajo la tutela del Ministerio de Seguridad.

Lejos de solucionar el problema, esta separación agravó el panorama. De acuerdo con auditorías internas reveladas por portales de noticias como Ámbito Financiero, el pasivo de la obra social creció exponencialmente, pasando de $44.000 millones a más de $210.000 millones de pesos en un año y medio. Si se computan préstamos extraordinarios tomados con fondos militares para cubrir gastos corrientes, la deuda global supera los $240.000 millones.

3. Parálisis sanitaria y desamparo de afiliados

Más de 500.000 afiliados en todo el país se encuentran en una situación de "catástrofe sanitaria" debido a la suspensión de convenios por falta de pago a los prestadores. Los efectos directos incluyen:

• Corte de prestaciones en el interior: Salvo en Buenos Aires, los servicios están prácticamente paralizados en el resto de las provincias. En ciudades como Rosario, San Juan y Córdoba, las clínicas privadas y farmacias suspendieron la atención.

Falta de insumos y medicamentos: Se reporta la suspensión de cirugías programadas en centros clave como el Hospital Militar Central y una interrupción crítica en la entrega de drogas oncológicas y tratamientos de alta complejidad.

4. Conflicto gremial por despidos y privatizaciones

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) mantiene planes de lucha frente a un inminente escenario de 600 despidos. Los sindicatos denuncian que la disolución es una estrategia de "vaciamiento patrimonial" que busca quitarle a la prestadora sus funciones de farmacia y turismo. Bajo esta lógica, se transfirieron hoteles turísticos de la obra social directamente a la administración de las Fuerzas, poniendo en riesgo más de 80 puestos de trabajo en el sector hotelero del organismo.

En resumen: Lo que comenzó como un déficit operativo derivó en una catástrofe prestacional. La disolución de la tercera obra social más grande del país no logró contener el impacto; por el contrario, consolidó un escenario de desamparo legal y de salud que afecta de forma directa la calidad de vida y la operatividad de los integrantes de las fuerzas armadas y federales.

La crisis de la ex IOSFA impacta con mucha mayor crueldad en las provincias del interior que en la Capital Federal, debido a la histórica centralización de los recursos médicos. Mientras que en Buenos Aires los afiliados aún cuentan con hospitales militares de gran envergadura (como el Hospital Militar Central), en el resto del país la cobertura depende enteramente de convenios con clínicas, laboratorios y círculos médicos privados. Al cortarse los pagos, el servicio en el interior se extinguió casi por completo.

5. El impacto específico en los afiliados de Mendoza

En la provincia de Mendoza, la situación de la ex IOSFA (hoy OSFA) es crítica y de una enorme gravedad institucional, afectando a miles de familias vinculadas a unidades clave como la VIII Brigada de Montaña del Ejército, la IV Brigada Aérea, y los escuadrones de Gendarmería Nacional.

Los principales focos del conflicto en Mendoza incluyen:

• Riesgo sobre el centro médico propio: Según las denuncias gremiales que impulsaron las marchas, entre las sedes civiles en peligro de ajuste se encuentra uno de los 11 centros médicos propios que funciona en Mendoza. El desguace de personal y la falta de insumos amenaza con dejar esta estructura sin capacidad operativa real.

• Parálisis total de prestadores privados: Clínicas, sanatorios y laboratorios privados mendocinos suspendieron el crédito de atención de forma generalizada debido a deudas acumuladas que llevan meses. Los afiliados se ven obligados a pagar consultas médicas y estudios diagnósticos de su propio bolsillo, montos que en tratamientos complejos llegan a cifras millonarias.

• Impacto en la Salud Pública Provincial: El colapso obligó al plano político local a intervenir. En la Legislatura de Mendoza se presentaron proyectos de resolución parlamentaria exigiendo que el Gobierno provincial informe sobre el estado de desamparo de los miles de afiliados mendocinos. Ante la falta de cobertura privada, la demanda de los pacientes militares y de seguridad se ha trasladado en masa a los saturados hospitales públicos mendocinos, agravando el sistema de salud de la provincia.