Igual ocurrió cuando se intentó sacar una resolución de la OEA para aplicar la Carta Democrática a Venezuela y cuando se presentó la acusación ante la Corte Penal Internacional donde Argentina, Colombia y Chile se retiraron de la demanda introducida en el 2018 junto con Canadá, Paraguay y Perú apenas cambiaron sus gobiernos. Las consecuencias no han podido ser peores: los crímenes de lesa humanidad se continúan perpetrando en Venezuela siete años después con un saldo de 2000 presos políticos, 800 personas sometidas a tortura, 100 muertes bajo custodia de las autoridades y 50 personas desaparecidas.

Estados Unidos mientras tanto ha dejado bien claro en el episodio de Venezuela que no está dispuesto a tolerar que en el hemisferio se entronicen narco-estados y por ende extrajo a Nicolás Maduro de Venezuela para obligarlo a comparecer ante tribunales de justicia que solo podían ser norteamericanos porque los del sur del Río Bravo son bastante acomodaticios con el poder.

Desde la perspectiva del pueblo de Venezuela la intervención norteamericana ha sido salvadora. Porque pone fin a un siniestro régimen que violó masivamente los derechos humanos; llevó al país a la miseria y dividió a todas las familias al provocar la emigración del 25% de la población. Y en contraste con ese régimen, el operativo de extracción de Nicolás Maduro fue diseñado con la protección de la población civil en mente. Claramente, la intervención de Estados Unidos, como bien lo indicara el maestro Paz, era esencial para restituir la soberanía confiscada al pueblo de Venezuela.