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24 de julio de 2025

Privatizaciones en Argentina: qué se gana, qué se pierde

En un nuevo episodio de La Conversación, tres expertos debaten si las privatizaciones son la solución a los problemas estructurales de la Argentina. Con AySA en la mira del Gobierno, ¿qué opinan quienes ya vivieron —y protagonizaron— este proceso?

>En el nuevo episodio de La Conversación, tres voces enfrentadas analizan los procesos de privatización en Argentina: su historia, sus consecuencias y su actualidad. Las privatizaciones reaparecen una vez más en el centro de la discusión política argentina. Lo que en los años 90 fue bandera de modernización hoy vuelve bajo otro contexto económico y social, pero con las mismas preguntas: ¿qué debe hacer el Estado?, ¿qué conviene dejar en manos privadas? y ¿a quién beneficia cada decisión?

Desde el comienzo, las posturas fueron claras. Liendo defendió el programa de reformas estructurales de los 90, argumentando que no había otra salida ante la hiperinflación y la crisis institucional. Sostuvo que las privatizaciones fueron necesarias y que en muchos casos generaron mejoras reales en infraestructura, como la expansión del sistema telefónico.

Entre ambos, Gadano intentó matizar el debate: reconoció que el Estado argentino suele ser ineficiente, pero subrayó que no todo debe privatizarse. “El Estado debe garantizar bienes públicos, pero en la mayoría de los casos, el sector privado administra mejor las empresas”, afirmó, aunque aclaró que hay excepciones, como los ferrocarriles o el desarrollo nuclear.

La idea de fondo es sencilla: el Estado cumple funciones básicas —educación, salud, seguridad, justicia—, pero no debería competir con el sector privado en el mundo empresarial. Según esta visión, las empresas públicas tienden a ser ineficientes, gastan más de lo que producen y muchas veces están atravesadas por corrupción, favoritismo político o gestión deficiente.

Para Horacio Liendo, privatizar fue una salida obligada en los años 90: había hiperinflación, deuda, crisis institucional. “No había otra forma de ordenar la economía”, afirmó. El Estado vendió empresas a cambio de dinero, inversiones y la promesa de mejorar servicios que estaban estancados. “Entel era un desastre, para tener teléfono había que esperar años o pagar como por un departamento”, graficó.

Desde esta óptica, privatizar es modernizar. Si las empresas privadas invierten, compiten, innovan y generan ganancias, los ciudadanos reciben mejores servicios. El rol del Estado, entonces, es regular, cobrar impuestos y garantizar que las reglas se cumplan.

Desde la vereda opuesta, Rubén Sobrero denunció las privatizaciones como una forma de saqueo encubierto. Para él, no se trató de mejorar servicios, sino de transferir activos estratégicos a manos privadas —muchas veces extranjeras— a precios bajos, despidiendo trabajadores y concentrando riqueza. “No fue privatización, fue entrega”, dijo. El caso de los ferrocarriles, según relató, fue emblemático: “100 mil despidos, servicios deteriorados y subsidios del Estado que terminaron en manos de empresarios amigos”.

Julián Gadano intentó plantear una tercera posición. Cree que el Estado debe garantizar ciertos bienes públicos —educación, salud, ciencia— pero que, salvo excepciones puntuales, las empresas funcionan mejor en manos privadas. No obstante, reconoció que no todas las privatizaciones fueron buenas. “La de Aerolíneas Argentinas salió mal, y eso alimentó el consenso de volver a estatizar”, dijo. Y agregó: “Hay casos, como el sector nuclear, donde la presencia estatal puede estar justificada”.

En el gobierno actual, el debate vuelve con fuerza. Ya se anunció la privatización de empresas como IMPSA y AySA, y el Ejecutivo promete avanzar con otras más. Pero las condiciones no son las mismas que en los 90, y el clima social es diferente. “Hay que discutir empresa por empresa, no repetir slogans”, cerró Gadano.

Este episodio de La Conversación ya está disponible en el canal de YouTube de Infobae. Nuevos episodios todos los jueves.

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