10 de febrero de 2025
San Luis realizará narcotest a funcionarios, empleados públicos y jueces: será por sorteo de la Lotería y lo pagarán los elegidos
El 17 de febrero se sorteará un primer grupo de 100 trabajadores. La medida afecta a 1.500 personas de los tres poderes del Estado provincial
El narcotest obligatorio fue impulsado por la diputada Marisa Patafio, del espacio político del gobernador Claudio Poggi, quien asumió en 2023 tras vencer a la estructura de los hermanos Alberto y Adolfo Rodríguez Saá.
Inicialmente, el proyecto no logró los votos necesarios en la Legislatura. Sin embargo, Poggi firmó un decreto de aplicación voluntaria para él, su vicegobernador y los ministros del gabinete, lo que generó un fuerte impacto mediático. Días después, la Cámara de Diputados aprobó la medida y, el 12 de noviembre, el Senado provincial la convirtió en ley por unanimidad.Los exámenes buscarán la presencia de cocaína, marihuana, anfetaminas, opiáceos (morfina, heroína, metadona), barbitúricos, benzodiacepinas, antidepresivos tricíclicos, éxtasis y fenciclidina, entre otras sustancias.
El procedimiento consta de un ensayo de screening bioquímico y, si el resultado es positivo, el funcionario podrá solicitar una contraprueba mediante cromatografía de líquidos asociada a espectrometría de masas.Además, los seleccionados deberán declarar previamente si consumen algún medicamento que pueda influir en los resultados. “Si aparece un consumo excesivo de clonazepam, se pedirá la prescripción médica“, explicó Bazla.
El sorteo se realizará mensualmente. En cada edición, los funcionarios ya evaluados serán excluidos del próximo sorteo. En marzo, por ejemplo, el universo de seleccionables se reducirá a 1.400 personas, manteniendo la extracción de 100 nuevos casos.En el Legislativo, el test será obligatorio para senadores, diputados provinciales y miembros de las mesas directivas de ambas cámaras. Mientras que, en el Poder Judicial, la medida afectará a jueces del Superior Tribunal, camaristas, jueces de primera instancia, fiscales y defensores oficiales.
Además, la normativa contempla a miembros del Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo y su adjunto.Desde el oficialismo, defienden la medida como una herramienta para garantizar la transparencia en la administración pública.“El objetivo es demostrar a la ciudadanía que los funcionarios están libres de drogas ilícitas“, afirmó un vocero del gobierno provincial.
A pocos días del primer sorteo, la expectativa crece entre los funcionarios que deberán estar atentos a la Lotería de San Luis, sabiendo que un simple número puede obligarlos a someterse a un control cuyo resultado podría definir su futuro en la función pública.COMPARTIR:
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