Una forma de verlo es en porcentajes: en 2006 Mendoza tenía el 6% de su superficie con Áreas Protegidas,  y “ahora” se vienen a enterar que se pasó a un 13%. La nota no dice que, aunque haya sido un esfuerzo enorme por parte de “los ambientalistas quieren cubrir toda la provincia”, todavía estamos lejos de llegar al 30 por ciento que, a nivel internacional,  nos comprometimos a alcanzar en el Convenio de Diversidad Biológica. Un poco menos de un tercio del territorio que tiene que quedar intacto, para que el ecosistema pueda regenerarse y recargarse, es “lo que se usa ahora”, contrariamente a lo que piensa el abogado al frente del proyecto minero en el único río que abastece a todo el Oasis Norte. 

Otra forma de verlo es la que adopta el abogado, que dice, textualmente “si se cayera la 7722, queda todo bloqueado igual”. Claramente, la percibe como un escollo que sigue a la ley que no pudieron voltear; pero a la que creen haberle encontrado la vuelta como para violarle el espíritu, que es “ no le echen porquerías al agua”, y el cuerpo, con una zonificación de prepo de 250 proyectos mineros en el Sur, más San Jorge en el oasis Norte.

Y que no nos parezca raro que en una nota sobre conservación de la naturaleza hable un abogado minero, quien prosigue:

“Los ambientalistas quieren cubrir toda la provincia. Hay una mala interpretación porque no sólo afecta la minería, sino también a otras actividades como el turismo y hasta prohíben obras de infraestructura”. Como por ejemplo, represas. Algo a lo que también nos oponemos en Uspallata, porque sabemos que esa energía hidroeléctrica que quieren generar no va a ser para mitigar los apagones (y tarifazos) que soporta el pueblo, si no para que, llueve nieve o truene, o haga el zonda que haga, a la minera no le falte un voltio para demoler cerros y hacer cráteres en nuestra cordillera.

Que los Parques Naturales, sean nacionales o provinciales, afectan positivamente al turismo, es algo indiscutible, que aparece en otras partes de la nota. Queremos creer que se refiere a eso. Lo importante es que percibe que la ley de Áreas Protegidas los afecta, más allá de la 7722, en la infraestructura que nosotros le ponemos, con la nuestra, al modelo extractivista: rutas, tendidos eléctricos, represas, gasoductos etc. Un Plan Interamericano para el saqueo, que se llama IIRSA, sin el cual nada del modelo extractivista funcionaría.

La confirmación podemos encontrar unas notas más, en la página 6 de la sección de Economía, donde en la nota titulada “Minería. Un gigante chileno tiene en la mira el cobre de San Juan”. En el último párrafo, dice que “Actualmente, existen 6 proyectos… capaces de proveer el metal por los próximos 50 años. Son Josemaria en San Juan, San Jorge en Mendoza, Taca-Taca en Salta, los Azules y Pachón en San Juan, y proyecto MARA en Catamarca.”

El gigante chileno al que se refiere es Antofagasta Minerals, del grupo chileno Luksic, del que el finado dueño Andrónico Luksic no se llevó nada al cielo, pero sí dejó muy bien rankeada a su viuda, nada menos que en el puesto 75 del ranking de la revista Forbes. Pachón es lo que sigue de minera San Jorge, en el mismo ecosistema pero del lado de San Juan. Ambas se presume que van a necesitar energía, y por eso la represa que el Área Protegida Uspallata Polvaredas también nos serviría para evitar un problema socioambiental, adonde no llega la 7722.

Continuidad en los parques

En verdad, la ley de Áreas Protegidas vendría a ser la 7721, ya que fue la estrategia para defender al Valle de Uco de las megamineras antes de que se sancionara la 7722. Lo cierto es que fue, durante la gestión de Federico Soria como coordinador de las ANP, en los años 2003 a 2007, cuando se gestaron todos los proyectos que hoy son ese 13 % del territorio protegido

Lo que no quiere decir, como exagera el abogado prominera, “toda la provincia”, sino sólo proteger por ley  nada más y nada menos que esa zona vital de las nacientes de los ríos. Ese es el criterio de cuenca completa,  que va desde los glaciares y periglaciares a las lagunas altoandinas, las napas subterráneas, los humedales, los cauces superficiales: todo junto porque todo eso es un ecosistema. De equilibrio muy finito.

Las Áreas Protegidas chocan con el proyecto de zonificación de Malargüe, chocan con la infraestructura para el saqueo (IIRSA), prohíben toda actividad excepto el turismo y la investigación, y por eso les chocan tanto. Habrá que escucharlos cuando por casualidad se sinceran: lo que más atacan es lo que más les jode.

En estos tiempos de alza en el precio de los metales por la demanda de la industria bélica, aumenta la avidez sobre las zonas de sacrificio para sacrificar otras zonas. Es urgente otra forma de ver el planeta que habitamos, la forma en que lo compartimos entre los humanos y con las otras especies. Que las cuencas completas de todos los ríos de toda Mendoza tengan la máxima protección es una decisión histórica que podemos tomar, como generación, para dejarle a las generaciones que siguen. Llamenle 7723 o 7721, la ley de Áreas Protegidas ya ha demostrado ser una herramienta precisa y adecuada para bloquear proyectos megamineros, pregunten en el Valle de Uco si no.

Cada pedacito de metal que no explota en la franja de Gaza, en Ucrania o donde sea, porque permanece en nuestras montañas, cada territorio donde se elige preservar la armonía de la biodiversidad, es un canto a la paz que no se escucha, a menos que te internes en la naturaleza. Para eso también sirven los Parques.