Solicitamos:

a.- Al Gobernador de la Provincia de Mendoza:

° Revoque de manera inmediata la designación del Subsecretario de Justicia de Mendoza, Abogado Marcelo D’Agostino y deje sin efecto la designación de este como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura

° Revoque de manera inmediata la designación del Director de Personas Jurídicas,  Abogado Sebastián Soneira 

b.-  Al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza:

° Le requiera de forma inmediata a la Abogada Teresa Day para que  en el término de 48 horas brinde las explicaciones por escrito respecto a:

1.- La remoción de la totalidad de los integrantes de la  Comisión Asesora y Evaluadoras para aspirantes a la Justicia Penal del Consejo de la Magistratura de Mendoza que ella preside. 

2.- Las medidas adoptadas respecto a la denuncia efectuada por el Abogado Pasccon en su calidad de Presidente del Consejo de la Magistratura.

c.- A la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Mendoza:

° Requiera al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza un amplio informe documentado respecto a la remoción de la totalidad de los integrantes de la  Comisión Asesora y Evaluadoras para aspirantes a la Justicia Penal del Consejo de la Magistratura de Mendoza.

d.- Al Procurador General de Mendoza:

° Garantice una investigación objetiva y seria de los hechos denunciados por el Abogado Pasccon.

Los hechos que deben ser investigados

La justicia no puede ser un traje a medida Alfredo Cornejo como ha sido desde diciembre de 2015 hasta la fecha. Esto quedó en evidencia a partir de un conflicto en el seno del Consejo de la Magistratura de Mendoza (regulado por el artículo 150° de la Constitución provincial) que llevó a revocar la designación de una de las comisiones técnicas que evalúan a los postulantes a magistrados.
(https://www.losandes.com.ar/politica/en-medio-de-la-feria-arde-la-justicia-mendocina-por-una-fuerte-medida-del-consejo-de-la-magistratura/?login=google)

Este conflicto institucional dejó al desnudo una trama de manejos espurios del Poder Ejecutivo dentro del Poder Judicial y del Colegio de Abogados de Mendoza y de la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia de Mendoza. 

Esto derivó una causa penal (P-85-922/23) radicada en la Unidad Fiscal Especial de Delitos No Especializados donde uno de los integrantes desplazados del Consejo de la Magistratura que actuaba en representación del Colegio de Abogados, denunció graves conductas de funcionarios del Gobierno de Mendoza que atentan contra el normal funcionamiento de uno de los principales órganos del sistema judicial y republicano de la Provincia de Mendoza, que tiene a cargo la selección de los magistrados de nuestra provincia.

La denuncia del Abogado Leonardo Pasccon, ex miembro de la Federación de Colegio de Abogados de Mendoza (organismo que nuclea a los Colegios de Abogados de las cuatro circunscripciones mendocinas) y ex miembro de la Comisión Asesora y Evaluadoras para aspirantes a la Justicia Penal del Consejo de la Magistratura de Mendoza, presentada el pasado 8 de agosto, puso en evidencia una serie de conductas irregulares  de Sebastián Soneira (“Operador Judicial del Subsecretario de Justicia, Marcelo D´Agostino), para manejar el resultado de los exámenes de los aspirantes a jueces y fiscales en el Poder Judicial de Mendoza.

La denuncia relata una serie de hechos delictuales (coacciones y falsedad ideológica), presuntamente realizados por Sebastián Soneira (Director de la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza) y Andrea Maturana (Presidenta del Colegio de Abogados de Mendoza y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial y de la Federación de Colegios de Abogados de Mendoza) con la finalidad de manipular el funcionamiento de los procesos de selección de magistrados por pedido “de arriba” (Poder Ejecutivo).

El denunciante relata cinco hechos determinados que dejan en evidencia las injerencias ilegales en el organismo constitucional que selecciona jueces y fiscales:

En el primer hecho de la denuncia: los “constantes aprietes y presiones” de Sebastián Soneira sobre uno de los miembros de la Federación y de la Comisión Asesora y Evaluadoras para aspirantes para la Justicia Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria del Consejo de la Magistratura de Mendoza (el Abogado Ulises Morales) para que este aprobara a determinadas personas que aspiraban a ingresar a la magistratura. El propio Morales expresó en su testimonial que “siempre varios días antes del concurso, empezaban las presiones de Soneira (…) él me decía que yo estaba ahí por él, y tenía que hacer lo que él decía; y en muchos casos manifestaba que eran órdenes de arriba”.

Estas presiones provocaron que Ulises Morales pidiera licencia en el mes de febrero del corriente año, por lo que debía asumir en su lugar su suplente, la Abogada Andrea Disparte.

Con esta maniobra, Soneira logra controlar a dos de los cinco miembros titulares de la Comisión Asesora y Evaluadora para aspirantes para la Justicia Civil, Comercial, Minas,de Paz y Tributaria del Consejo de la Magistratura de Mendoza, ya que además de tiene injerencia directa sobre Andrea Disparte (ahora representante por la Federación),también lo tiene sobre Pablo Bittar, quien también forma parte de la Comisión como representante por las Facultades de Derecho. Cabe recordar que ambos fueron presidente y vicepresidente de la anterior gestión del Colegio de Abogados de Mendoza, por decisión de Soneira y según los testigos, ambos responden directamente a él.

En segundo hecho denunciado muestra la utilización política del Colegio de Abogados y de la Federación de Colegios a los intereses del Gobierno de Suarez y Cornejo. Esto queda evidenciado ante un supuesto apoyo de la Federación al proyecto de reforma de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

El martes 13 de septiembre de 2022, el Diario Los Andes publica una extensa nota de apoyo de la Federación de Colegios de Abogados de Mendoza al proyecto, pese a que jamás fue tratado en la Federación dicho apoyo(https://www.losandes.com.ar/politica/la-federacion-de-colegios-de-abogados-expreso-su-total-apoyo-a-la-reforma-de-la-corte/). Esto provocó sorpresa en varios miembros de la Federación, quienes al reclamar una explicación fueron amedrentados directamente por Soneira con la siguiente frase: “esto es un plato y hay una raya en el medio, o estás de un lado o estás del otro, y hay que bancarse las consecuencias”.

En un tercer hecho de la denuncia se detalla que debido a la imposibilidad de Sebastián Soneira de controlar el resultado de los exámenes de Fiscales de Instrucción, el 4 de julio de 2023 citó a su oficina de la Casa de Gobierno al denunciante (Abogado Pasccon) y al Abogado Javier Pons para informarles sobre la estrategia política negociada con la Abogada Teresa Day, Jueza de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y presidenta del Consejo de la Magistratura, mediante la cual revocarían la designación de toda la Comisión Evaluadora de aspirantes a la Justicia Penal, pero necesitaban del voto unánime de todos los miembros del Consejo de la Magistratura, por lo que presionó a los Abogados Javier Pons y María José Hernández, ambos miembros del Consejo de la Magistratura por la Federación de Colegios de Abogados para que voten a favor de la destitución. En el caso de Pons las presiones recaían en torno a posibles represalias políticas sobre su cargo como Director de Jurídicas de AYSAM.

El desplazamiento de la totalidad de los miembros de la comisión evaluadora de la justicia penal del Consejo de la Magistratura que se llevó a cabo el 7 de julio pasado generó un conflicto interno en virtud de la irregularidad del proceso de desplazamiento que aún no se resuelve y ha dejado al Consejo de la Magistratura en un estado de virtual paralización.

Como consecuencia del hecho anterior se denunció un cuarto hecho que se refiere a las maniobras llevadas a cabo por Andrea Maturana (Presidente del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial)  luego de la remoción de la Comisión Evaluadora de aspirantes a la Justicia Penal, que daban cuenta de la irregularidad en la votación y las presiones sufridas por los miembros que representan a la Federación en el Consejo de la Magistratura (Pons y Hernández), con objeto de evitar que se filtrara el acuerdo de Soneira (Director de Personas Jurídicas) con Teresa Day (Juez de la Suprema Corte de Justicia y Presidente del Consejo de la Magistratura), sacando temas del orden del día y realizando reuniones informales con algunos miembros de la Federación de Colegios de Abogados en días distintos a los habituales.

Estas maniobras ilegales de Soneira y Maturana concluyen con la revocación de los mandatos de los representantes del Colegio de la Primera Circunscripción Judicial en la Federación de Colegios de Abogados, sin fundamentos y un año antes de su finalización.

Entre los revocados, por supuesto, se encuentran Pasccon y Morales. Esta maniobra se llevó adelante con el único objetivo de evitar que la denuncia llegue al seno de la Federación y para que Soneira pueda controlar a los nuevos miembros designados.

Entre los nuevos miembros designados se encuentran la Abogada Gandolfo (socia de Maturana).

Por último, un quinto hecho, da cuenta que entre las acciones delictivas llevadas a cabo por Soneira y Maturana que se mencionan en el expediente, surge una de extrema gravedad, que refiere un intento de acallar a Pasccon y evitar la publicidad de estos hechos.

La maniobra consistió en intentar convencer a la ex esposa de Passcon para que realizara una falsa denuncia por violencia de género, a lo que la misma se negó e inmediatamente y dio aviso Pasccon, quien decidió llevar a cabo la correspondiente denuncia.

En las actuaciones judiciales tanto Pasccon, como Morales, mencionan reiteradas veces en su declaración, que Sebastián Soneira se presentaba como un operador judicial que responde al Subsecretario de Justicia, Marcelo D´Agostino.

Según la declaración de Morales, Soneira le manifestó en varias oportunidades “que él no iba a parar hasta ser designado Procurador Adjunto (del Ministerio Público Fiscal), y que todos los miembros del Colegio y de la Federación, son recursos que están a su servicio (…) que el p… era él, y que él la tiene más larga que ninguno. Inclusive, que todo lo que él hace, u ordena hacer es por orden de D´Agostino”.

A pocos días del avance de la causa, con solo tres testimoniales, pocas veces se ha visto que se trasluzca tantas conductas delictivas de enorme gravedad institucional en las que están involucrados una Jueza de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, el Subsecretario de Justicia, el Director de Persona Jurídica y firme candidato a Procurador Adjunto del Ministerio Público Fiscal y la presidenta del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza. Lo que es más grave aún, que esto no se refiere a conductas aisladas, sino en asocio entre ellos, mediante maniobras articuladas, con el objetivo común de someter el Poder Judicial al Gobierno de Suarez y Cornejo.

Mención aparte merece la actuación del Subsecretario de Justicia (Marcelo D’Agostino) en el seno del Consejo de la Magistratura toda vez que ha permanecido en él, como represente del Poder Ejecutivo, desde fines de 2015 hasta la fecha, siendo que el artículo 150° de la Constitución de Mendoza establece que “los miembros del Consejo de la Magistratura duran dos años en sus mandatos y pueden ser reelectos con intervalo de un periodo”. Esto sin duda alguna constituye un abuso de poder con el solo fin de “controlar” el sistema judicial.