4 de septiembre de 2022
Un informe enfatiza la importancia de la participación de presos en cursos o talleres
Un informe sobre presos reincidentes revel� que siete de cada diez vuelven a delinquir cuando son excarcelados y para revertir esa situaci�n propone promover "h�bitos laborales" en esas personas mediante su reinclusi�n en el sistema educativo y su participaci�n en cursos y talleres sociolaborales de oficios.
El estudio elaborado por el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (Celiv) de la Universidad de Tres de Febrero (Untref) resalt� que en la provincia de Buenos Aires se lanz� en 2020 el programa "M�s trabajo, menos reincidencia" con el prop�sito de disminuir "la reincidencia a trav�s de la inclusi�n social y laboral de las personas en conflicto con la ley penal", y a la vez impulsar la actividad de asociaciones civiles, organizaciones sociales y empresas privadas que trabajan con personas que est�n pr�ximas a salir de la c�rcel.
"La gran mayor�a de los presos manifiesta cuando salen que no quieren volver pero (la vida en libertad) se les hace cuesta arriba. As� como se invierte en la c�rcel no se invierte nada en el proceso de la vuelta a casa y es un error abandonar a personas, se deber�a apoyarlos y vigilarlos", asegur� a T�lam Marcelo Bergman, director del Celiv-Untref y doctor en Sociolog�a por la Universidad de California, en San Diego, Estados Unidos.
"Hay buenas iniciativas de resocializaci�n a trav�s de programas laborales o educativos pero solo abarcan a pocas personas y quedan afuera la mayor�a de los privados de la libertad"Marcelo Bergman, director del Celiv-Untref y doctor en Sociolog�a
De acuerdo al informe presentado por la Untref, entre 2002 y 2019 hubo un aumento pronunciado de la tasa de encarcelamiento, caracterizado por un ascenso de detenidos por delitos de drogas y delitos sexuales, y un descenso de delitos contra la propiedad.
El aumento de la poblaci�n penitenciaria fue de un 117 por ciento -de 46.288 en 2002 a 100.634 en 2019- y la tasa de encarcelamiento pas� de 123 cada 100.000 habitantes a 224 cada 100.000 habitantes en 18 a�os.
Seg�n el trabajo de la universidad, en 2019, de la totalidad de condenas, el 17 por ciento fueron reincidentes y entre las condenas con privaci�n de libertad, los reincidentes representaban el 26 por ciento.
La cantidad de condenas a reincidentes en t�rminos absolutos, se mantuvo relativamente estable durante el per�odo: cada a�o, entre 6000 y 8000 reincidentes regresaron a las c�rceles (RNR), sostuvo el informe.
Seg�n el trabajo de la universidad, en 2019, de la totalidad de condenas, el 17 por ciento fueron reincidentes y entre las condenas con privaci�n de libertad, los reincidentes representaban el 26 por ciento�
Y si bien la tasa de reincidencia entre las personas privadas de libertad condenadas disminuy� levemente los �ltimos a�os, con el crecimiento de la poblaci�n carcelaria aumenta su n�mero en t�rminos absolutos.
"Nosotros calculamos que entre 5 y 7 de cada 10 que salen vuelven a cometer delitos", dijo Bergman, quien a�adi� que el primer objetivo es "alertar sobre el problema" y el otro es que haya "mediciones" de la situaci�n para encontrar soluciones.
El tambi�n director de la Maestr�a en Criminolog�a y Seguridad Ciudadana de la Untref afirm� que "si una persona sale a los 25 a�os y otra a los 40, el de 25 tiene mayor probabilidad de reincidir".
Uno de los obst�culos m�s importantes para que una persona pueda acceder al mercado laboral formal es contar con antecedentes penales. La formaci�n de cooperativas desarrolla un trabajo que provee ingresos modestos para los liberados y sus familias y adem�s forma espacios de contenci�n y compa�erismo
"Eso ocurre porque a mayor edad la gente ya no quiere tener tantos problemas porque forma parejas o tiene hijos, la mayor�a de los que vuelven son j�venes con el agravante de que la c�rcel no es un espacio rehabilitador y salen en peores condiciones del que hab�an entrado", explic� Bergman y asegur�: "La gran mayor�a manifiesta cuando salen que no quieren volver pero se les hace cuesta arriba".
Es que en 2019 s�lo el 22 por ciento de los detenidos particip� de alg�n programa laboral y 36 por ciento accedi� a trabajo remunerado.
"Uno de los obst�culos m�s importantes para que una persona pueda acceder al mercado laboral formal es contar con antecedentes penales. La formaci�n de cooperativas desarrolla un trabajo que provee ingresos modestos para los liberados y sus familias y adem�s forma espacios de contenci�n y compa�erismo", destacaron desde la Untref.
Sin embargo, "sigue en vigencia la prohibici�n de que las personas con antecedentes penales sean parte del consejo directivo de una cooperativa".
"Hay buenas iniciativas de resocializaci�n a trav�s de programas laborales o educativos pero solo abarcan a pocas personas y quedan afuera la mayor�a de los privados de la libertad"Marcelo Bergman, director del Celiv-Untref y doctor en Sociolog�a
Adem�s, de las tres fuentes de datos analizadas indican que la tasa de reincidencia es mayor entre hombres que mujeres.
De acuerdo al Sistema Nacional de Estad�sticas sobre Ejecuci�n de la Pena (Sneep), en 2019 de cada 100 mujeres detenidas en c�rceles, 45 estaban condenadas, y 4 eran reincidentes, mientras que entre los hombres, de cada 100 detenidos, 56 estaban condenados y 9 eran reincidentes.
"Hay buenas iniciativas de resocializaci�n a trav�s de programas laborales o educativos pero solo abarcan a pocas personas y quedan afuera la mayor�a de los privados de la libertad", se�al� Bergman.
Al respecto, en el informe destacaron que los Patronatos de Liberados "tienen pocos recursos y un alcance limitado" ya que de "cuatro instituciones relevadas, tres ten�an un promedio de 1 empleado cada 150 liberados a cargo", por lo que sostienen que "mayormente, cumplen un rol de agencias de certificaci�n con escasos apoyos de asistencia, donde prima el control por sobre la asistencia efectiva".
Seg�n el informe del Untref, el costo de manutenci�n m�nimo de cada persona privada de la libertad en todo el pa�s es de al menos 10.000 d�lares por persona al a�o, lo que arroja un costo presupuestal de, al menos, 1.100 millones de d�lares, sumado al n�mero significativo de fiscales, peritos, jueces y personal judicial para sancionar y ejecutar las penas.



