Miércoles 19 de Junio de 2024

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COMPROMISO SOCIAL

5 de julio de 2023

COMUNICADO DE LA ASAMBLEA POR EL AGUA DE SAN CARLOS.

Seguimos contemplando como en Mendoza se vulnera el estado de derecho y los principios básicos de la Democracia y la República.

En estos días un fiscal denuncia  maniobras políticas que merecerían el repudio absoluto de todos los mendocinos, juicio y castigo a los responsables,  como es el hecho de que el poder político ordene al poder judicial qué casos deben investigarse y juzgarse y cuáles no,  y qué magistrado es el que debe hacerlo. 
En un país serio de políticos honrados sólo esto sería motivo de renuncia o de juicio político. Acá se saben impunes, protegidos por la prensa cómplice y los caudillos dueños del poder y no pasa nada. 
Quienes defendemos el agua sabemos que no es un fenómeno nuevo; en Mendoza la justicia no existe cuando se trata de crímenes contra el ambiente o sus leyes protectoras, perpetrados por autoridades o amigos de las autoridades; pero es absurdamente rigurosa cuando lo que se juzga, con o sin pruebas y razones suficientes, son los ciudadanos que defienden el agua, el arbolado público, las reservas naturales, o de aquellos que, ejerciendo su derecho a peticionar, se manifiestan en las calles contra sus políticas. 
El gobierno de Mendoza, por encima que pone como bandera la necesidad de integrarse al mundo y respetar sus reglas,  contradictoriamente viola los tratados internacionales más fundamentales que tienen relación con los Derechos Humanos.
Lo viene haciendo sistemáticamente en cada oportunidad en que alguien, individual o colectivamente,  se opone a sus intereses económicos o de desarrollos de proyectos absurdos que violan leyes ambientales. Lo hace, por ejemplo,  con el derecho de los pueblos originarios y la resolución 169 de la OIT en el tema Mapuche, para proteger negocios de empresarios amigos, pero también lo hace con el pueblo Huarpe, a los que no se le regulariza su situación. Lo hace con quienes protestan contra sus políticas por ejercer su derecho a manifestarse y peticionar. Y también lo hace cuando permanentemente  persigue, denuncia, imputa, multa e intimida a quienes se manifiestan para defender el agua, para defender la vida, para defender los bienes comunes. Ya lo viene haciendo desde hace años.
Hay una larga lista de ciudadanos imputados por las manifestaciones, usando para ello jueces corruptos allegados al poder. Caso emblemático fueron las imputaciones del Juez Bento hoy investigado por corrupción. 
Con su accionar además viola el acuerdo de Escazú, que obliga a los gobiernos a defender y proteger y no a perseguir e imputar a los defensores ambientales.
En estos días concretamente se trata de la criminalización de Nora Moyano sobre quien la justicia debe resolver  su situación judicial. Nora fue denunciada por personal de la legislatura y hoy está imputada por los hechos en relacionados con la ley 7722 de 2019 en que miles y miles de mendocinos salimos a defenderla y que ejerciendo el debido derecho de reclamar, logramos restituir. 

Repudiamos el avance del ejecutivo sobre el poder judicial porque es un hecho gravísimo que destruye la institucionalidad democrática. 
Repudiamos el incumplimiento de las leyes ambientales, de la  Constitución Argentina y
los tratados de Rango Constitucional a los que Argentina adhiere. 
Repudiamos la persecución,  criminalización, y cualquier forma de  amedrentamiento de quienes defienden temas  ambientales y de cualquier otra manifestación en que se ejerce el derecho a peticionar y manifestarse. 
Apoyamos totalmente a  Nora Moyano: pedimos a la justicia que sea justicia, y no la mano aleccionadora del poder político.

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